Escudo contractual de apoyo para sanitarias víctimas de violencia machista

El decreto de medidas urgentes para el fomento del empleo de los profesionales de la cultura engloba también una batería de incentivos a la contratación de personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellas, las mujeres que han sufrido violencia de género o sexual y las víctimas de terrorismo, para las que la normativa aprobada por el Gobierno plantea bonificaciones enfocadas a facilitar su inserción laboral en centros sanitarios como clínicas o residencias.

Desde el Ministerio de Trabajo especifican que este sistema de incentivos a la contratación busca “fomentar el empleo de calidad”, especialmente de personas vulnerables, atendiendo a las recomendaciones del Pacto de Toledo. “No se trata de abaratar los costes laborales sino de mejorar la empleabilidad en colectivos que sabemos de antemano que tienen enormes dificultades para poder acceder a ella”, argumentó la titular del departamento, Yolanda Díaz, quien añadió que no habrá bonificaciones a la contratación temporal a excepción de los contratos de sustitución.

El real decreto de ayudas al empleo indefinido publicado este mismo miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece las cuantías y la duración de los incentivos para la contratación, que varían en función del beneficiario. Apartado propio tienen las mujeres que han sido víctimas de violencia de género o sexual, que mantendrán una bonificación en la cotización de 128 euros al mes durante un periodo de cuatro años. Esta medida afecta también a aquellas que opten a un puesto en centros de salud privados.

De forma paralela, el nuevo sistema de incentivos a la contratación también contempla una bonificación de 128 euros para personas que se encuentren en situación de exclusión social, desempleados de larga duración y víctimas del terrorismo.

Contratos de sustitución y movilidad geográfica

En cuanto a los incentivos de los contratos de duración determinada que se celebren para la sustitución de trabajadoras víctimas de violencia de género o sexual, el Gobierno establece que aquellas que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo “darán derecho a las bonificaciones previstas en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

En concreto, esta recoge que las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a víctimas de violencia de género que hayan ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo “tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes” y “durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida.

Castigo por despido colectivo o improcedente

Las empresas que extingan contratos bonificados a través de un despido colectivo o improcedente quedarán excluidas durante un año de los incentivos a la contratación laboral, según el documento que el Gobierno ha hecho público a través del BOE, que indica que las compañías deberán mantener el empleo al menos durante tres años.

Añade que solo se podrá incentivar la contratación temporal de manera excepcional y únicamente para impulsar la transformación en contratos indefinidos de contratos formativos en prácticas y la contratación temporal directamente vinculada a la conciliación.