Enmienda sindical a jornadas de más de 35h y jubilación sanitaria a los 72

Los sindicatos con mayoría representativa en la Administración han acogido con tibieza las 37 enmiendas registradas por el PSOE al Proyecto de Ley de Función Pública. Entre las propuestas socialistas se halla la recuperación de la jubilación parcial con contrato de relevo para el personal estatutario de la sanidad y la ampliación de la edad de jubilación forzosa de 70 a 72 años. En un comunicado conjunto, UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO han valorado la primera propuesta en tanto en cuanto significaría la materialización del acuerdo firmado por ambos sindicatos con el Ministerio de Función Pública en diciembre. Sin embargo, han dejado claro que "se desvinculan" de la demora de la edad forzosa del retiro profesional, una medida que "no apoyan" y que no se contemplaba en el pacto. Por su parte, CSIF lamenta que las enmiendas socialistas "dejan pendientes mejoras significativas en materia de retribuciones, pensiones y permisos del personal de la Administración General del Estado". Y aunque es cierto que la mayoría de trabajadores de la sanidad pública no se vería beneficiada directamente de esas mejoras, la central sigue reclamando un nuevo pacto salarial para los próximos años, del que sí se beneficiarían directamente los sanitarios.

En su nota, UGT y CCOO recuerdan que su acuerdo para la jubilación parcial sanitaria con Función Pública “equiparaba al personal funcionario -incluido el perteneciente al Régimen de Clases Pasivas- y estatutario con el resto de los trabajadores y trabajadoras en España, que ya disfrutaban de este derecho”. En resumen, si se materializara, “permitirá rejuvenecer las plantillas, disminuir la precariedad y restituir derechos de los trabajadores y trabajadoras de las Administraciones”. “Un aspecto destacado del acuerdo”, según destacan ambos sindicatos, es que el relevista que sustituya a quien se jubile parcialmente será siempre personal funcionario de carrera o estatutario fijo. Además, las plazas necesarias para cubrir las jubilaciones parciales habrán de estar garantizadas en las Ofertas de Empleo Público del mismo año. “Este aspecto ayuda a reducir la precariedad en las Administraciones y evita que se generen nuevas bolsas de temporalidad injustificadas. Así, coloca las Administraciones en una mejor situación para afrontar el futuro y los cambios de la sociedad española”, añaden.

CSIF también valora la intención de recuperar la jubilación parcial, tal y como la central ya había reclamado en sus propuestas de enmiendas, aunque “se pierde una oportunidad para equiparar las pensiones de los funcionarios de clases pasivas con las del personal dependiente de la Seguridad Social”. En cuanto a la ampliación de la prórroga de jubilación hasta los 72 años, recuerda que “depende de la discrecionalidad de la Administración, que deberá autorizarla caso por caso”.

Jornada de 35 horas y equiparación salarial

Sin embargo, la organización presidida por Miguel Borra echa en falta “cuestiones fundamentales” como la regulación de la jornada de las 35 horas y el avance en la equiparación salarial entre el personal de la Administración del Estado con el del resto de administraciones. También critica el pretendido desarrollo de la directiva sobre el permiso parental para cuidado de hijo: “Las enmiendas del Grupo Socialista consideran que tendrá una duración no superior a ocho semanas de las cuales dos serán retribuidas. Esto es erróneo ya que la directiva marca un permiso de 4 meses, con ocho semanas retribuidas”.

A pesar de su ‘pero’ a la ampliación de la edad de jubilación forzosa planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, UGT y CCOO hacen un llamamiento al resto de partidos representados en el Congreso “para que la tramitación de la ley respete las medidas contenidas en el texto firmado por ambas organizaciones sindicales y el Ejecutivo”. En ese sentido, ambas organizaciones “harán un seguimiento exhaustivo a las enmiendas registradas”, y recuerdan que hay cuestiones como la modificación del carácter de mínimos de los permisos, vacaciones y demás adaptaciones que debe recoger el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, “conforme a las últimas modificaciones legislativas relativas a permisos, corresponsabilidad y conciliación”.

Nuevo pacto salarial para la sanidad pública

Al margen de la tramitación de la Ley de Función Pública, el presidente de CSIF se reunió este miércoles con el Grupo Socialista en el Congreso para trasladarle algunas “prioridades” en materia laboral de los empleados públicos y “los problemas en la asistencia sanitaria en Muface por la no renovación del concierto con las aseguradoras”.

Entre otras cosas, Borra reiteró la “necesidad” de conseguir un nuevo acuerdo salarial “que permita aplicar una subida automática en 2025”, además de una oferta de empleo público para este año sin tasa de reposición -como prometió el exministro de Función Pública José Luis Escrivá- y “hacer balance de los procesos de estabilización en las administraciones públicas”.

En ese sentido, solicitó formalmente al actual ministro del ramo, Óscar López, que se convoque la Mesa General de las Administraciones Públicas “para negociar de manera inmediata la mesa salarial”: “Llevamos perdido más de un 6 por ciento desde 2022 y un 20 por ciento desde la bajada de sueldo de 2010”.