CCOO y UGT salen con optimismo de la reunión mantenida con Función Pública de cara a alcanzar el objetivo

Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), líderes de los dos sindicatos que esperan lograr la jubilación parcial en sanidad
Pepe Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y CCOO, respectivamente.


12 dic. 2024 16:20H
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La sanidad española sigue quemando etapas en su camino hacia la jubilación parcial. Tal y como anunció este miércoles el secretario general de la FSS-CCOO, Humberto Muñoz, representantes tanto de esta fuerza sindical como de UGT se han reunido este jueves con responsables del Ministerio de Función Pública en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado entre las tres partes en 2022. Uno de los asuntos que había sobre la mesa era precisamente avanzar hacia la consecución del derecho a la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario. “Salimos de esta reunión con el convencimiento de que, en pocos días, se concretará el acuerdo”, han destacado el Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos en un comunicado.

Este miércoles, Redacción Médica ya avanzó que en CCOO tenían buenas sensaciones al respecto y que en Función Pública veían con buenos ojos regular en el Estatuto Básico del Empleado Público la jubilación parcial con contrato de relevo. Ese será el primer paso para que el personal estatutario tenga acceso a esa modalidad de retiro profesional. El segundo será la trasposición de la medida al Estatuto Marco, que es lo que también llevan años reivindicando no sólo CCOO y UGT, sino también CSIF. Los tres sindicatos presentaron una propuesta conjunta al respecto al Gobierno en 2022.

Negociación del nuevo pacto salarial sanitario


En la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco, CCOO y UGT también han exigido a Función Pública que abra la Mesa de Negociación para renovar el pacto plurianual “en materia de derechos, empleo y retribuciones de los empleados públicos”. El actual acuerdo, cuya vigencia está a punto de extinguirse, ha propiciado una subida salarial del 9,8 por ciento para los trabajadores de la sanidad pública, aunque es cierto que, aun a falta de conocer los datos oficiales de IPCA de 2024, ese incremento se ha quedado corto para contener la inflación acumulada desde 2022.

A falta de poco más de dos semanas para que termine el año, son varios los hándicaps que, a priori, dificultan que la aplicación de los pluses salariales que pudieran pactarse se hagan efectivos desde el 1 de enero de 2025. Entre otras cosas, cabe recordar que, a pesar de que los aumentos en las nóminas figuren en el texto del pacto, será necesario que se refrenden en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondiente a cada ejercicio. Con respecto al próximo año, el Gobierno aún negocia con el pie puesto en el acelerador para lograr los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas.

Si no lograra aprobar sus presupuestos, más allá de las dificultades que se presentarían para agotar la legislatura, sería necesario aprobar un Real Decreto-ley específico para que los pluses pactados se vieran reflejados en las nóminas sanitarias, tal y como ya se ha tenido que hacer este año, con las cuentas prorrogadas.
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