Fabián Valero.
El
‘interinazo’ sigue dando de qué hablar y aumentando la preocupación de miles de empleados temporales de la sanidad española. La incertidumbre por la
ley de estabilización del empleo público, también conocida como la ‘ley Iceta’, ha provocado la
paralización general de todas las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de estabilización. Sindicatos, en incluso algunas comunidades autónomas, ya han alertado de de que si no se regula bien, puede acabar en un
"largo proceso judicial". Un proceso que, de acabar en los tribunales y según los pronósticos,
podría retrasar muchos de los procesos hasta cinco años.
“
La ley está llena de aspectos oscuros y poco claros que van a generar una litigiosidad como no hemos visto en mucho tiempo. Esto va a ser un desastre”, advierte especialista en derecho laboral y director de Zeres Abogados,
Fabián Valero, en
Redacción Médica. A su juicio, todo ello provocará cascadas de
“reclamaciones, demandas e impugnaciones” de las convocatorias de los procesos de consolidación vía concurso de méritos. “Muchas personas impugnarán su propio nombramiento por estar en fraude”, explica. ¿Consecuencias?: “Depende de lo rápido que actúe la justicia en cada comunidad autónoma y al nivel judicial al que llegue el proceso,
la resolución puede durar entre 2 y 5 años”.
Una ley excluyente y discriminatoria
Para Valero, la ley de estabilización del empleo público cuenta con dos principales inconvenientes. El primero de ellos es que es
“excluyente”, pues esta ley “no tiene la finalidad” de trasponer la directiva europea en materia de reducción de la temporalidad laboral ni de establecer sanciones contra el abuso de la contratación temporal.
En segundo término, entiende que es
discriminatorio se centra en determinados colectivos porque va dirigida a un nicho demasiado concreto: interinos larga duración con reconocimiento de puesto estructural desde antes del 1 de enero de 2016. Esto
deja desamparados a quienes lleven tiempo encadenando sucesivos contratos y no cuenten con un vinculo laboral ininterrumpido. “Se estabilizan plazas, no personas, y no hay sanción efectiva para los abusos”, insiste el experto.
"No es que no saquen su plaza, que ya es problema, es que aunque la saquen los van a cesar"
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“No es que no saquen su plaza, que ya es un problema, es que aunque la saquen los van a cesar”, advierte. Además, tal y como está redacta la ley, nada impide que las personas de otras comunidades autónomas que también son interinas, o incluso a fijos que quieren cambiar de comunidad, se presenten. Por lo cual, “
alguien puedo llevar, por ejemplo, siete años en el puesto y viene una persona de otra región y echarle. Ya sea ella fija o temporal”.
Lo mismo sucede en el supuesto de que fijos que realizan
promoción interna. “Depende cómo se puntúe la experiencia en las bases de la convocatoria nada, impide al fijo hacer una promoción interna y consolidar ese puesto” que debería estabilizarse y ha estado ocupado por un interino “
Realmente, ¿cuántos interinos van a poder aspirar a consolidar plaza? Muchas van a ser cesadas por estos mecanismos”, alerta.
Y Valero pone más ejemplos: “Si se realizan procesos abiertos a todo el mundo, puede que solo se consiga la movilidad administrativa entre empleados. Si se va un fijo al puesto de un interino por concurso de méritos,
se crea una nueva plaza temporal, porque la plaza del fijo queda vacante”.
Preocupación ante un "gran golpe"
Por último, el abogado explica que “la gente que está bien informada está muy preocupada”. Mientras, aquellas personas que piensan que van a tener plaza fija tan fácilmente porque así se ha vendido desde el poder legislativo, “que se preparen porque se van a dar un gran golpe”. Para más inri, recuerda las advertencias que existen de que esta normativa pueda verse afectada por un recurso de inconstitucionalidad, lo que podría retrasar, aún más, su desarrollo efectivo.
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