De interino en sanidad a fijo sin OPE: las CCAA lo acatarán si es bilateral

Incertidumbre y enfado de las comunidades autónomas ante el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos con ERC y PNV en la negociación de la ley de estabilización de la función pública. La medida pretende pasar a fijos sin opositar a los interinos, entre ellos sanitarios, que lleven cinco años en su plaza.

El pacto constituye una importante modificación respecto al plan inicial para reducir la temporalidad con la administración, que establecía en 10 años el tiempo necesario para que los trabajadores públicos adquirieran la condición de fijos. La mayoría de comunidades autónomas consultadas por Redacción Médica aseguran que están a la espera del texto definitivo del proyecto para pronunciarse al respecto, aunque hay otras regiones que ya han mostrado su enfado y críticas con la ley.

Cantabria y Castilla-La Mancha, las más críticas

Cantabria es el territorio más en desacuerdo con esta medida y por ello ha pedido una reunión "bilateral" con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Una línea de negociación por la que abogan varias regiones. El Gobierno autonómico considera que el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos con ERC y PNV para que los interinos con cinco años de trabajo en la misma plaza pueda convertirse en fijos sin necesidad de opositar supone "un cambio total y absoluto" y un "giro" respecto a la hoja de ruta pactada, afirmó la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández. 

"Cantabria necesita tener esa reunión y saber cuál es la seguridad jurídica que va a tener este nuevo proceso si llega a aprobarse", remarcó Fernández. El Ejecutivo cántabro incidió en solicitar la reunión bilateral dado que no ha habido una reunión sectorial entre el Ministerio y las comunidades en relación a estos cambios.

Por su parte, Castilla-La Mancha ha criticado el acuerdo de interinos porque ve "lagunas", augura problemas y lamenta que se apruebe sin contar con las comunidades autónomas. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz, ha apuntado que "tiene lagunas importantísimas que pueden afectar negativamente a los pocos interinos que se pudieran encontrar en esa situación en Castilla-La Mancha".

"Que le den un repaso a la legislación, porque puede generar más problemas", ha remarcado en una entrevista con Europa Press. El consejero también ha señalado que la información de la que dispone en la actualidad es escasa y que está a la espera de ver qué redacción definitiva se da a este acuerdo para analizar las garantías jurídicas que ofrece.

Las comunidades piden "seguridad jurídica"

Aunque las autoridades políticas de las comunidades autónomas no quieren entrar a valorar en profundidad la ley de estabilización de la función pública, algunas de ellas se han pronunciado a raíz de la información que conocen y también han realizado algunas peticiones.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de Andalucía, Juan Bravo, demandó al Gobierno que tenga "cuidado" a la hora de regular la posibilidad de convertir en fijos a funcionarios interinos, para garantizar la legalidad de la medida y evitar que derive en "sentencias" e "indemnizaciones" que tengan que pagar los ciudadanos.

También el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha tachado el acuerdo de "extraordinariamente preocupante". El consejero defendió que España no se debería encaminar hacia ese modelo, sino a uno más "flexible", siguiendo un estilo que permita "el movimiento entre sector público y privado", como sucede en Alemania o Reino Unido.

Por el contrario, Asturias, Extremadura, Navarra, Canarias y La Rioja han recibido de buen agrado la noticia. Asturias considera que en esta materia están "alineados" con el Gobierno, mientras que Extremadura ha considerado de "buena noticia" el acuerdo y que "aportará seguridad a los extremeños para desarrollar su proyecto de vida".

Por último, Navarra valoró "globalmente positiva y políticamente valiente" la iniciativa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El Ejecutivo foral se encuentra a la espera de la "consolidación normativa" del Proyecto de Ley con el objetivo de impulsar una norma específica para "estabilizar todas las plazas de empleo público en temporalidad no justificada", haciendo hincapié en los ámbitos educativo y sanitario.