Cuerpo tira de "ambición" al adaptar la jornada de 692.000 sociosanitarios

Aunque la meta aún se percibe lejana, el Ministerio de Trabajo enfatiza la relevancia del paso que se ha dado hacia la implantación de la jornada de 37,5 horas en España, que este martes ha recibido el aval de Moncloa. “Es un día histórico”, ha celebrado la responsable de este departamento, Yolanda Díaz, quien ha confirmado que su plan viene acompañado de una “reformulación del control horario” de las empresas y de la garantía del derecho a la “desconexión digital”. Solo en la sanidad, según los cálculos del Ejecutivo, cerca de 692.000 profesionales se beneficiarán de esta estrategia. Trabajo ha logrado incluso contagiar parte de su optimismo a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, pese a que el mandatario extremeño mantiene una actitud de cautela respecto a un proyecto que, si bien considera que ha de ser “ambicioso”, debe abordar sin demora aspectos como el impacto de las 37,5 horas en profesiones ‘singulares’, como la médica o la enfermera. 

En efecto, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al acuerdo para reducir la jornada laboral en España que Trabajo suscribió en diciembre con CCOO y UGT. Tal y como avanzó Redacción Médica, el pacto es de carácter general (y por tanto engloba a las empresas de salud) y no hace referencias directas a una posible ‘flexibilización’ de estas 37,5 horas para que empresas con turnos especiales, como el que suponen las guardias médicas, dispongan de algo más de margen para amoldarse a la nueva orden. Eso sí, el texto abre la puerta a que en un plazo de 18 meses se revise la normativa para “adecuar las ampliaciones y limitaciones en la ordenación y en la duración de la jornada de trabajo” en ciertas actividades.

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"Hay muchos elementos a tener en cuenta (como las guardias) y hay que analizar cada caso"

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Desde el Ministerio de Trabajo ya deslizaron que la sanidad podía ser susceptible de ser incluida en este último bloque debido a sus “singularidades”. Consultado al respecto por Redacción Médica tras el Consejo de Ministros de este martes, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido que este asunto será “uno de los centros del debate” que tendrá lugar en los próximos meses en el Congreso. El dirigente extremeño ha apuntado que hay que partir de una base “ambiciosa” para poder acotar la jornada laboral en España, si bien ha llamado a la prudencia y a la necesidad de “acompañar” a las propias empresas para facilitar el encaje de las 37,5 horas en sus modelos de negocio.

“Hay muchos elementos a tener en cuenta, como este (en alusión a las guardias) y hay que analizar cada caso para que las empresas no se queden colgadas”, ha apuntado Cuerpo, que mantiene la puerta abierta (al igual que Díaz) a que el proyecto se nutra con nuevas aportaciones durante su tramitación parlamentaria. 

Casi 700.000 potenciales beneficiarios en la sanidad

Lo cierto es que el de la salud sería uno de los sectores más expuestos a la reducción de la jornada laboral, según los datos que maneja el Gobierno. En concreto, desde Moncloa apuntan que hay 692.400 potenciales beneficiarios en el marco de las actividades sanitarias y de servicios sociales. Solo hay seis actividades económicas por delante en términos cuantitativos: comercio (2,43 millones), industria manufacturera (2,07 millones), hostelería (1,42 millones), construcción (1 millón), actividades administrativas (852.600) y actividades profesionales, científicas y técnicas (729.600).

Los cálculos del Gobierno sobre el impacto de las 37,5 horas en la sanidad y los servicios sociales son ligeramente más ambiciosos que los que puso sobre la mesa en junio el Observatorio sobre Igualdad de Adecco, que apuntaba a 550.000 posibles beneficiados.

Registro horario y desconexión digital

El proyecto del Gobierno, que debe superar aún la criba de las Cortes Generales, engloba dos de las medidas ‘estrella’ propuestas por el Ministerio de Trabajo. Una de ellas es la relativa al registro de jornada, que en el caso de la sanidad, además, precisaría de medidores “específicos” debido a las singularidades propias del sector. La otra tiene que ver con la llamada ‘desconexión digital’, un derecho que sería “irrenunciable” y que evitaría que la jornada se postergara más allá del horario pactado. “Rechazar o no atender la comunicación o la petición de prestación laboral por medios digitales fuera de la jornada laboral, no podrá generar consecuencias negativas”, ha avanzado Díaz.

La propia ministra ha hecho hincapié en que el trabajo “no es una mercancía ni un fin de vida”, sino un “medio” que “no define” a las personas. “Tenemos que ser más eficientes, mejorar nuestro trabajo y nuestra productividad”, ha señalado la mandataria progresista, que ha comparado este proyecto de reducción de la jornada al de otros hitos en la consecución de derechos laborales como la huelga de La Canadiense de 1919 en Barcelona.