Segunda detención en una semana por golpear y amenazar a un profesional santiario.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a una mujer de 58 años como presunta autora de un delito de
atentado a la autoridad, tras agredir a una
inspectora sanitaria por darle el alta médica.
Según fuentes policiales, la mujer, que se encontraba de baja y cobrando una prestación económica, acudió el pasado martes al centro médico del
barrio murciano de San Andrés para que le realizaran una
valoración psiquiátrica y, tras comunicarle una inspectora que se le iba a dar el alta médica, la mujer empezó a arrojarle objetos e insultarla, así como a a
menazarla de muerte.
Trabajadores del centro de salud llamaron a la policía y hasta allí se trasladaron varios agentes que detuvieron a la mujer.
Patada en el pecho
La inspectora iba a darle el alta y la presunta agresora comenzó a arrojarle objetos y a insultarla
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El incidente tiene lugar en la misma semana en la que se ha conocido la detención de una
mujer acusada de dar una patada en el pecho a una enfermera del centro de salud de Vélez-Málaga. La sanitaria tuvo que ser socorrida por sus compañeros y necesitó asistencia médica tras recibir el golpe, según ha informado el Sindicato Médico de Málaga (SMM).
La mujer intentó escapar, pero una patrulla de la Policía Nacional la detuvo y la puso a disposición judicial, para que un juez determine la pena que deberá cumplir por haber agredido a una profesional del sector sanitario andaluz.
El interlocutor policial sanitario
Este último caso ya está en manos del
interlocutor policial sanitario, una figura que se encarga de coordinar, cooperar, desarrollar y ejecutar las actuaciones relacionados con manifestaciones de violencia o intimidación al personal sanitario. Además, se trata de un punto de contacto permanente con los representantes de los centros médicos, colegios y demás autoridades competentes.
El interlocutor policial sanitario fue creado para
poner freno a las agresiones a nivel nacional, garantizando una atención personalizada a los profesionales sanitarios que sufran violencia o amenazas.
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