Una alerta de salud pública justifica la intervención en una huelga

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la legalidad de la intervención de la empresa pública de servicios de emergencia Tragsa durante la huelga de basuras efectuada entre el 25 de enero y 5 de febrero de 2014 en el municipio madrileño de Alcorcón.

Al mismo tiempo, la nueva sentencia condena a los sindicatos recurrentes presentes en el Comité de empresa de la Empresa Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa) -CSIF, CCOO, CGT- a pasar y aceptar esta sentencia salvo que decidan interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento siempre han defendido que se "actuó legalmente" fijando los servicios mínimos y autorizando la intervención de la gestión de recogida de basuras a la compañía de manera “excepcional”, ya que en los 14 días que duró el parón "se llegaron a acumular en 700 y 800 toneladas en las calles de la ciudad".

Según fuentes consistoriales, "la intervención se produce debido a los daños que se produjeron a la población por el riesgo higiénico y alerta sanitaria producida durante esos catorce días, en la que la Inspección de Sanidad del Ayuntamiento alertó de las situaciones de insalubridad provocadas por la huelga".

"Carácter abusivo de la huelga"

Desde el Gobierno local recuerdan que este nuevo fallo viene a ratificar lo afirmado por el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles, que confirmó el pasado 14 de diciembre la legalidad de la contratación de Tragsa y la inexistencia de violación o lesión del derecho fundamental a la huelga.

La justicia declaró entonces "el carácter abusivo de la huelga en el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 5 de febrero de 2014. Es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos, pero dentro de sus límites y que no puede ejercerse de manera abusiva".