Todas las CCAA cuentan con servicios jurídicos ante agresiones a sanitarios

Las Consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas, sin excepción, tienen servicios jurídicos a disposición de los profesionales sanitarios en caso de agresión. Estos servicios, enmarcados en el protocolo de atención y asesoramiento a los profesionales, ofrecen atención y asesoramiento, psicológicos como jurídicos, a los trabajadores que han sufrido una agresión.

A pesar que el Covid-19 ha frenado las agresiones a los profesionales sanitarios, una situación provocada en parte por la reducción de la presencialidad, los últimos datos del Ministerio de Sanidad revelan que la violencia ante sanitarios ha descendido un 15 por ciento en 2020 (año del estallido del coronavirus) respecto a 2019, según los últimos datos disponibles.

Sin embargo, el 'Informe de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud 2019-2020' registra que en 2020 hubo 8.396 agresiones, entre física y verbales. Esta situación ha hecho que las Consejerías de Sanidad tomen cartas en el asunto en los últimos años y hayan creado Planes ante agresiones, según han informado estos entes a Redacción Médica.

Los protocolos recomiendan a las víctimas de agresiones en el ámbito sanitario que se hagan un reconocimiento médico y curse un comunicado de lesiones. Además, el incidente se debe tramitar como accidente de trabajo y anotar en el registro de agresiones, si lo hay, como sucede en Baleares.

En esta comunidad, la Conselleria de Salut, a través del Servicio de Seguridad de los Profesionales del Servei de Salut de les Illes Balears, ha puesto en funcionamiento la aplicación de Notificación y Registro de Agresiones (NIRA), para la notificación y el registro de agresiones de usuarios a los profesionales del sistema sanitario público de Baleares. Este sistema digital sustituye al papel y permite facilitar el registro de las agresiones, la investigación y el análisis de las mismas.

El Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del sistema sanitario público de Andalucía data de 2020. Por su parte, en Aragón desde hace dos años en el seguro de responsabilidad que contrata el Departamento de Sanidad está incluida la asesoría jurídica para los trabajadores que sufran una agresión.

También el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) tiene un protocolo de actuación ante agresiones al personal sanitario y en él se contempla el asesoramiento por parte de los servicios jurídicos del ente. El Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del Sistema Canario de Salud data de 2007, mientras que el plan de Prevención y Atención a las Agresiones en el Ámbito Sanitario de Cantabria es de 2014.

En 2008 se suscribió el Pacto para elaborar el Plan Integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y en Castilla-La Mancha en 2004 se puso a disposición de los empleados del Servicio de Salud los recursos jurídicos con los que cuenta el organismo, cuyos procesos fueron revisados en 2006 para facilitar las vías de acceso.

En Cataluña, son los servicios jurídicos de los proveedores sanitarios los que se hacen cargo, en la Comunidad Valenciana existe el Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario, en Extremadura se ofrece un letrado a través de la Abogacía General de la Junta, en Galicia hay un Plan para la prevención de la violencia laboral en el Servicio Gallego de Salud y en la Comunidad de Madrid hay un Protocolo de Prevención y Actuación frente a la Violencia en el Trabajo en las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, que data de 2019.

Por último, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja también cuentan con protocolos y planes de prevención ante agresiones a sanitarios y proporcionan asistencia jurídica a las víctimas, siempre y cuando así lo prefiera, ya que puede solicitar en su lugar la asistencia letrada de su colegio profesional o de su sindicato.

¿Qué otras medidas se están tomando contra las agresiones?

La reforma del Código Penal de marzo de 2015 determinó que el personal del sistema sanitario público tiene la consideración de autoridad pública y estableció una pena de hasta cuatro años de prisión para el agresor, si bien es cierto que "despenalizó los gritos e insultos" a sanitarios siempre que estos "no alteren el orden público de los centros".

Además, algunos Servicios de Salud han ido implantando un conjunto de medidas para la mejora de la seguridad de los trabajadores, como vigilantes de seguridad o cámaras de vigilancia. También se han impartido cursos de formación para aprender a actuar en situaciones de conflicto. No obstante, no todas las Consejerías de Sanidad aplican estas medidas, por lo que los sindicatos exigen planes de medidas preventivas para proteger a los profesionales sanitarios.