La Audiencia Nacional tendrá la última palabra.
La
Audiencia Nacional tendrá la última palabra sobre la
OPE nacional en Sanidad. La Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), que representa a 3.000 trabajadores, ha pedido a la Justicia que establezca
medidas cautelares contra el
pacto entre sindicatos y el Gobierno central en el que aprobaron la
Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017, una decisión que podría paralizarla.
Según diferentes fuentes jurídicas consultadas por
Redacción Medica, el hecho de paralizar la OPE por la denuncia de dicha asociación es
“difícil” y sería un caso
“extraordinario”, aunque no sería "imposible"
“Normalmente en estos casos prima el interés general de los ciudadanos sobre estas peticiones", según explica
Antonio Benítez Ostos, abogado experto en Derecho Administrativo, cuya idea coincide con el resto de fuentes consultadas. "En este caso, la Audiencia Nacional ya ha rechazado las medidas cautelarísimas, lo normal es que las medidas cautelares también sean rechazadas, aunque no sería imposible
. La última palabra la tiene la Justicia”.
El colectivo en cuestión ha pedido la
paralización de la OPE y las convocatorias ligadas a su aprobación, ya que no tendrían en cuenta, a juicio de
ANIL, que muchos de los interinos llevan en esos puestos más de tres años, lo que conlleva un reconocimiento de derechos laborales negado hasta ahora por administración y sindicatos.
Esta decisión se ha hecho después de que el
Tribunal Supremo admitiera la causa y, frente al recurso de los sindicatos, considerara a la
Audiencia Nacional la competente para analizar la denuncia formalizada por una asociación que aglutina a más de 3.000 interinos.
Ante estos motivos, a la hora de decidir la valoración de los intereses en conflicto por parte de la Audiencia Nacional, dichas voces jurídicas señalan que este
“debería de decantarse a favor del interés público de la Oferta”.
“No puede olvidarse, ni considerarse indigno de mención, el interés de los terceros que han decidido participar y prepararse los procesos selectivos de referencia, mediante la presentación de la oportuna solicitud, las cuales
dichos exámenes ya están convocados en fecha”.
Igualdad
Antonio Cabrera, secretario general de FSS-CCOO, uno de los sindicatos firmantes del acuerdo, ha explicado a este medio que "seremos respetuosos con la decisión de este órgano aunque mantenemos que mientras que el ordenamiento político español no cambie,
hay una constitución española que indica que para acceder al empleo público debe hacerse mediante los principios de igualdad y meritocracia".
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