El Supremo ve necesaria una ley específica para controlar el Covid-19

El Tribunal Supremo ha dejado deberes por hacer al Gobierno en la sentencia de este lunes con la que desestima el recurso de casación que presentó Canarias contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de las islas para no permitir el cierre perimetral de las que tuvieran una incidencia de Covid con niveles de alerta 3 y  4.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, en la resolución cuyo sentido fue adelantado el viernes, trasladan que "sin ninguna duda hubiera sido deseable que, en vez de a conceptos indeterminados y cláusulas generales, pudiéramos acudir a una regulación específica para afrontar la pandemia que detallase cuantos extremos fueran susceptibles de precisión para ofrecer la máxima seguridad jurídica". 

Una ley ordinaria es suficiente

Al mismo tiempo, el Supremo establece que la limitación de derechos fundamentales no ha de hacerse "necesariamente" por ley orgánica -basta incluso una ley autonómica. La resolución establece que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 puede ofrecer cobertura a limitaciones puntuales de derechos de los ciudadanos, pero siempre que la Administración autonómica justifique razonablemente sus medidas.

En el texto de la sentencia el alto tribunal señala de específicamente que cuando de la limitación de derechos fundamentales por el legislador se trata, "lo primero que es menester precisar es que no necesariamente ha de hacerse por ley orgánica". Admite que es cierto que el desarrollo de los derechos fundamentales está reservado a esa fuente (artículo 81.1 de la Constitución), si bien añade que "con carácter general la ley ordinaria es suficiente para regular el ejercicio de los derechos, aunque al hacerlo habrá de respetar su contenido".

Para el Supremo, establecer limitaciones puntuales de derechos, incluso fundamentales, no equivale a desarrollarlos siempre que, por las características de las restricciones, no lleguen a desnaturalizarlos. Por ello subraya que dentro de la regulación que puede hacer la ley ordinaria "cabe, pues, la imposición de limitaciones puntuales a los derechos fundamentales" y que "siendo suficiente para ello la ley ordinaria, esa reserva puede ser satisfecha tanto por la ley del Estado cuanto por las leyes que, dentro de su competencia, dicten las comunidades autónomas".

Se deberá examinar la proporcionalidad de cada medida 

En los fundamentos jurídicos de su sentencia, el alto tribunal apunta respecto a este extremo que "no puede preverse todo y tampoco puede decirse que los preceptos examinados adolecen de tal indeterminación que permitan hacer cualquier cosa a las administraciones que los utilicen".

Por el contrario, añade, "delimitan con una precisión mínima el campo de su aplicación (...). Y no es una novedad que los tribunales deban extraer del ordenamiento jurídico los criterios para resolver problemas que no han recibido una solución precisa por parte del legislador".

Esto significa, según añade la sentencia, que es la primera que se dicta haciendo uso del nuevo recurso de casación creado por el Gobierno para afrontar las restricciones por Covid-19 una vez levantado el estado de alarma, " que será necesario examinar cada medida y valorarla atendiendo a la luz de los criterios extraídos de estos preceptos, si cumplen las exigencias de adecuación, necesidad y proporcionalidad. En definitiva, la legislación sanitaria sí autoriza la limitación de la libertad de circulación siempre que se den las condiciones por ella previstas".