Seguridad jurídica del sanitario tras el covid: "Se abre una nueva etapa"

La seguridad jurídica de los sanitarios tras la crisis del Covid ha focalizado el primer debate del XXVIII Congreso de Derecho Sanitario que se celebra desde este jueves en Madrid. Una mesa que ha contado con la organización de la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) y que ha sido moderada por su directora general adjunta, Raquel Murillo, quien ha considerado que, “ahora más que nunca”, los profesionales de la Salud deben estar “protegidos” en materia legal ante el surgimiento de una “nueva etapa de planteamiento de responsabilidades”.

“Nos encontramos ante una situación nueva y, sin duda, esta fase dará lugar a importantes y necesarias reformas en el ámbito del derecho sanitario”, ha enfatizado Murillo, que ha compartido mesa con Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos; César Tolosa, presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados; y Antonio Del Moral, magistrado del Tribunal Supremo.

Los ponentes han convenido en el difícil encaje legal de algunas medidas y reclamaciones vinculadas a la crisis del Covid, una situación inédita tanto en España como en la Unión Europea. En palabras de Julio Mayol, resultaba “extraordinariamente difícil plantear una estrategia” de la crisis “porque había un análisis inicial bastante inexacto”. En este sentido, ha recordado que las noticias que llegaban de la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntaban a que en nuestro país “no se iban a superar los dos o tres casos”. “No estábamos preparados”, concluía.

Tolosa ha puesto como ejemplo de ese obstáculo jurídico el Estado de Alarma decretado por el Gobierno central y las dudas en torno a la responsabilidad del Estado legislador en los problemas que pudieran surgir del mismo.

“El Tribunal Constitucional ha decidido introducir una excepción difícilmente justificable acerca de la inexistencia del mecanismo de responsabilidad del Estado por la declaración de inconstitucionalidad de la norma. Es pura legalidad ordinaria, habrá que ver cómo es valorada e interpretada por los tribunales ordinarios”, ha recalcado.

Del Moral, Mayol, Murillo y Tolosa, durante su intervención.

En la misma línea, Del Moral, quien ha señalado que los sanitarios han superado la situación “con nota alta”, ha incidido en que los delitos de desobediencia que pesan sobre los ciudadanos que no cumplieron con las medidas del Estado de Alarma “no tienen un soporte legal” previo. “La declaración de inconstitucionalidad del 14 de julio incide en esto. Todas las sanciones que están en trámite como consecuencia directa de la sentencia deben caer”, ha apuntado.

La popular Elvira Velasco ha reiterado la necesidad de avanzar hacia la conformación de una Ley de Pandemias, así como de una “verdadera agencia nacional de salud pública y calidad asistencial” que permita hacer frente a los “retos de enormes dimensiones” que conllevan este tipo de crisis a gran escala y que “no se pueden responder con medidas improvisadas”.

Vacunas Covid obligatorias

Otro de los debates ha girado en torno a la posibilidad de hacer obligatoria la vacuna Covid. España, según Tolosa, se encuentra “en situación de espera” a falta de que la Justicia se pronuncie sobre las medidas impulsadas por el Gobierno gallego en esta dirección, si bien los ponentes han incidido en que este no es un debate acuciante en nuestro país, donde la tasa de inmunización es sensiblemente superior a la de la media europea.

No obstante, el propio Tolosa ha incidido en que el debate sigue siendo necesario: “La cosa es que, como casi siempre el ordenamiento jurídico llega tarde, habría que ir con antelación”, ha subrayado.

El presidente de la tercera sala del Supremo ha criticado además el “oscurantismo” de la Comisión Europea a la hora de establecer cláusulas secretas en los contratos de adquisición de vacunas Covid. “Se ha hecho público que los Gobierno van a asumir los efectos adversos. Me resulta contradictorio que la propia Comisión utilice este mecanismo para la adquisición de determinados productos farmacéuticos. No es una buena técnica”, ha zanjado.