Recurso al aval judicial para aplicar eutanasia en casos de discapacidad

El Gobierno ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para tratar de impugnar la ley de la Comunidad de Madrid en la que se contempla exigir una autorización judicial para que las personas con discapacidad puedan acceder al derecho a la eutanasia. El Consejo de Ministros ha acordado el jueves este paso adelante después de haber concluido que hay “fundamentos jurídicos suficientes” para solicitar la derogación de esta normativa autonómica por una supuesta invasión competencial. 

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la cumbre del Ejecutivo que se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda de la Ley 1/2023 para la creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad en la que se recoge esta nueva condición en el momento de la eutanasia. 

El texto normativo plantea que cuando se pretenda llevar a cabo “cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad a la que se haya provisto de un apoyo de carácter representativo para el ejercicio de la capacidad jurídica o se determine de manera expresa en la resolución que estableció el apoyo, se tramitará un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial”.

La publicación de la ley autonómica el pasado 15 de febrero llevó al Ministerio de Política Territorial a solicitar un informe al Consejo de Estado para analizar su posible impugnación. El órgano consultivo ha concluido finalmente que existen razones jurídicas para trasladar el recurso hasta el Tribunal Constitucional.

Invasión competencial en la regulación de la eutanasia

El Gobierno considera que la norma de la Comunidad de Madrid sobre las personas con discapacidad presenta “vulneraciones de carácter procesal”, de acuerdo a los artículos 141,1 y 117 de la Constitución Española. Mientras que también supone un “menoscabo e invasión del ámbito regulatorio del Estado” en cuanto a la regulación, bases y coordinación general de la sanidad.

“Se rompe la reserva a ley orgánica para este tipo de materias. La norma autonómica realiza una injerencia en materia reservada a ley orgánica. Se produce una quiebra del principio de seguridad jurídica”, ha subrayado Rodríguez.

La ministra portavoz ha argumentado que la normativa madrileña está afectando al desarrollo de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada en 2021 a propuesta del Gobierno, ya que “limita los requisitos para acceder a los derechos” de personas con discapacidad. Mientras que ha advertido que su interpretación también podría incidir sobre otras prácticas médicas como las intervenciones quirúrgicas o las trasfusiones de sangre.

“Se trata de un recurso en el que concurren requisitos formales y materiales para su impugnación para la protección de las personas con discapacidad para que no vean vulnerados ningunos de sus derechos conforma a la normativa vigente”, ha concluido Rodríguez.