Exteriores de los juzgados de Lugo.
El mayor sumario contra la prostitución que se ha instruido en España, el de la
Operación Carioca, revela ahora la petición de cárcel de la Fiscalía hacia un médico que realizó en 2009 un
aborto sin anestesia a una mujer colombiana de 18 que fue obligada a renunciar a su hijo.
Según adelanta el diario
El País, el fiscal pide la apertura de juicio oral y cuatro años y medio de prisión para este
ginecólogo, así como a un empresario y un proxeneta. Los tres fueron arrestados cuando estalló la Operación Carioca a finales de 2009 y cumplieron prisión provisional. La historia relata como la joven colombiana, empleada en el burdel más famoso de Lugo, se quedó embarazada de un conocido empresario de la construcción por la exigencia de éste de no utilizar preservativo.
Ella quería tener el niño, pero el constructor, cliente habitual, y que siempre la elegía a ella cuando acudía al club, no estaba dispuesto a asumir la paternidad, pues estaba casado y con hijos. El empresario puso en marcha una cadena de mando para obligar a la mujer a perder a su hijo: contactó con un policía municipal y éste a su vez se puso en contacto con el gerente del burdel, quien a su vez pidió cita para cuatro días después en una en una clínica ginecológica sin licencia del centro de la localidad.
"Arrancando la piel"
Según relató ella misma en el juzgado, fue obligada a abortar sin anestesia en una consulta en la que no había enfermera. Acudió allí acompañada por el encargado del burdel,
José Manuel García Adán, cabecilla de la Operación Carioca y ya condenado en 2014 a 21 años de prisión por maltratar a su esposa.
Durante la operación, desnuda de cintura para abajo y con las piernas amarradas a la camilla, el ginecólogo le obligaba a sostener en su propia mano el instrumental mientras ella sentía que le estuvieran "arrancando la piel". Gritaba de dolor, pero el ginecólogo se limitó a decirle: "Te tienes que agarrar fuerte porque para colmo eres muy nerviosa", "¡joder!, eres la chica más quejica que he tenido".
Pese a que la joven se negó en un principio a abortar, el fiscal cree probado que, Adán "sabiendo que tendría la capacidad de forzarla ilícitamente", hizo prevalecer "su superioridad" y se aprovechó de "de la situación personal de esta", sin familia en España ni "medio de subsistencia diferente a su actividad en el club".
Tras el aborto, la joven prostituta entró en un
estado de depresión. Huyó a Murcia para trabajar en otro prostíbulo pero una vez allí tuvo que acudir a un hospital pues el ginecólogo de Lugo le había dejado dentro parte de la placenta. Terminó volviendo a Galicia y se puso a estudiar, en un intento por intentar olvida tan traumática experiencia.
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