Las agrupaciones sindicales coinciden en que hace falta tomar mayor acción desde las administraciones

Agresiones a profesionales sanitarios.
Agresiones a profesionales sanitarios.


16 feb. 2025 16:15H
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Uno de los planteamientos del nuevo Estatuto Marco, que actualmente se negocia entre el Ministerio de Sanidad y los diferentes actores del ramo, es blindar la protección del personal sanitario ante las agresiones, reconociéndolos como "autoridad pública" y reforzando su seguridad, tal como ha informado Redacción Médica. Estas medidas son un reclamo de los profesionales desde hace algún tiempo ante el aumento de las cifras de violencia física y verbal en las comunidades autónomas.

Según los últimos datos publicados por el ministerio liderado por Mónica García en el informe 'Agresiones a Profesionales del SNS', durante 2023 se registraron 14.706 agresiones, lo que representa el 24,05 de notificaciones de agresiones por cada 1.000 profesionales. De ese total, las más afectadas suelen ser facultativas mujeres, de entre 35 y 55 años, con 11.478 ataques, especialmente en Atención Primaria y extrahospitalaria, seguidas de 4.372 en Enfermería. 

Aunque desde las comunidades todavía no manejan las cifras de personal sanitario y no sanitario que ha denunciado agresiones durante 2024, lo cierto es que las agrupaciones sindicales coinciden en que las medidas no están funcionando como corresponde y hace falta tomar mayor acción. En regiones como Andalucía, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, por mencionar algunas, el 2025 inició con reclamos en este sentido y el pedido de personal de vigilancia que proteja a los profesionales mientras cumplen sus labores.

Cifras de 2024 en Andalucía


A solo un mes y medio de iniciado el 2025, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha presentado los resultados del año anterior en relación a las agresiones a profesionales, que muestran un aumento del 19 por ciento, aunque según han considerado esto refleja una mayor sensibilización y conocimiento del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, así como "el papel clave del profesional guía". Según el Registro Informático de Agresiones de centros, en 2024 hubo un total de 362 agresiones físicas y 1.504 no físicas. Del total, 1.866, es decir, el 47,48 por ciento, fueron en hospitales y el 52,52 por ciento en centros de Atención Primaria.

"Las agresiones siguen subiendo", dice Rafael Ojeda, presidente del Sindicado Médico Andaluz (SMA) a este periódico. Pese a que considera que existe voluntad de parte del SAS "de disminuir" los actos de violencia y ponerles "un freno", es "un hecho que no lo está consiguiendo con las medidas que se están poniendo en marcha". 

En ese sentido, indica que "las agresiones son un problema que no se está sabiendo atajar" y que las iniciativas para prevenirlas "no son suficientes" ni son "eficaces". A esto se suman la "falta de educación y de consideración" hacia el personal sanitario, así como las fallas en el sistema de "sanciones y castigos de la propia Administración". 

Por su parte, Antonio Macías, secretario de Sanidad de UGT Andalucía, subraya que "el principal culpable es el que agrede" aunque el "caldo de cultivo" se propicia con las listas de espera, las demoras y la falta de tiempo para atender a los pacientes, lo que "evidentemente favorece el estado de crispación que se vive en los centros". Por eso, resalta la necesidad de implementar "más medidas de seguridad" y soluciones que "contribuyan a bajar el número de agresiones".

"El 75 por ciento de los centros andaluces están sin seguridad presencial, no tiene sentido. El profesional tiene miedo de denunciar, el SAS debería tomar esa rienda", ha insistido, a la vez que ha considerado que "es evidente que algo no funciona" dentro del sistema.


Inversión en vigilancia en los centros de Galicia


Hace apenas unos días, se denunció en Galicia una agresión a un enfermero y a un guardia de seguridad con arma blanca en las urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Coruña (Chuac). El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, lamentó la situación y mostró su "máximo rechazo" a estas agresiones. En declaraciones a la prensa expresó el compromiso "absoluto" de su sector, brindando "apoyo tanto psicológico como legal" a quienes sufren estos episodios. 

Al respecto, Javier Largo, secretario de Sanidad de CCOO Galicia, considera que el principal "problema" está relacionado con la falta de financiación en vigilancia de parte del Gobierno gallego. "Hay que dar solución a la ciudadanía y si las lista de espera no bajan, va a ser muy difícil que la gente no actúe con agresividad. Hay que poner vigilantes para disuadir a las personas que se alteran y eso requiere de inversión", explica a este diario. 

Pese a que aún no conocen las cifras de agresiones denunciadas en la comunidad durante 2024, Largo detalla que el número "va en aumento" y se tiende a "comunicar menos de lo que deberían". "Si no son agresiones físicas con lesiones, suelen no denunciarlo, entonces los datos son relativos", incide. 

Castilla y León también pide seguridad


Los pedidos de personal de seguridad llegan también desde Castilla y León, en donde el siete de enero el Sindicato de Enfermería Satse Valladolid se concentró junto a los trabajadores del centro de salud de Laguna de Duero exigiendo vigilancia, tras una denuncia por agresión física a personal del equipo de guardia. 

El hecho violento se dio luego que un médico le dijera a una paciente que acudió al centro por una receta de champú, que ese "no era un motivo de Urgencias", dándole cita con su médico solo tres días después. "La paciente empezó a gritar al médico y le agredió físicamente, entonces los profesionales consideran que tienen que tener seguridad privada", sostiene Inmaculada Izquierdo, secretaria provincial de Satse Valladolid a este periódico. 

Esta no es la primera vez que se registra un caso de agresión en el centro de salud de Laguna de Duero. "Se ven momentos en los que el personal sanitario tiene que defenderse de muchos ataques por parte de la población", indica. 

En 2023, 775 profesionales sanitarios denunciaron que fueron agredidos en la comunidad. Un 2,3 por ciento menos a comparación del año anterior, cuando fueron 793, aunque con un aumento en áreas de salud como Burgos, El Bierzo, Palencia y Salamanca.


Castilla-La Mancha y el reclamo de vigilancia


También en enero, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) Castilla-La Mancha reclamó vigilancia en el centro de salud de Villarrubia de los Ojos, luego que una profesional sanitaria sufriera una agresión de parte de un paciente que llegó al servicio de Urgencias. Esta tampoco fue la primera vez que en este centro se produce una situación de este tipo, ya que, según informó Csif, hace unos meses una persona ingresó al lugar provisto de un arma blanca e incluso en agosto de 2024, durante una guardia de madrugada, prendieron fuego a un contenedor ubicado en las inmediaciones del centro de salud.

"Del 1 de enero al 30 de junio de 2024, en seis meses, hubo 381 incidentes violentos declarados. Si tienes en cuenta que en 2019, en el total del año hubo 424, imagínate de lo que estamos hablando", indica Victoria Gutiérrez, responsable autonómica de Prevención de Riesgos Laborales del sector Sanidad de Csif Castilla-La Mancha. En cuanto a cifras globales en la comunidad, las únicas que manejan por el momento son las del primer semestre del año anterior, ya que todavía no se les ha entregado el reporte completo. 

Para ella, los usuarios tienen "menos paciencia" y "no entienden" que los profesionales sanitarios están trabajando "muchas veces por encima de los límites personales, físicos y mentales", dada la sobrecarga de trabajo que tienen. "Yo como profesional, puedo atenderle lo que puedo, no puedo adelantarle en una lista de espera, pero yo pago la frustración del paciente", cuestiona.

Al mismo tiempo, Gutiérrez considera que hay una "infradeclaración de incidentes violentos", cuyo mayor volumen se produce en Atención Primaria, ya que "muchos centros no cuentan con vigilancia o solo la tienen en determinados horarios". En esa línea, no solo insiste en la necesidad de colocar personal de seguridad sino también en "educar a los usuarios" desde niños en el "respeto por los profesionales".

"Yo considero que deberíamos ser autoridad pública porque el respeto hacia el profesional que tienes en frente no se tiene que perder. Las agresiones físicas no se pueden permitir en ningún caso y las agresiones verbales también son duras", subraya. 
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