El Gobierno abona el terreno para que las comunidades autónomas puedan legislar con mayores garantías
una vez concluya el estado de alarma, algo que ocurrirá este 9 de mayo. Según adelanta
El País, el Consejo de Ministros aprobará un decreto mediante el que se prorrogarán algunas de las restricciones que afecten a derechos fundamentales, así como una herramienta para que las regiones puedan
acudir al Supremo si los tribunales superiores tumban algunas de sus medidas.
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El objetivo es que el alto tribunal
unifique doctrinas y cree jurisprudencia sobre lo que las autonomías pueden o no decretar en su intento de contener el Covid-19. El Ejecutivo central satisface de esta forma algunas de las demandas de las comunidades, en especial el País Vasco, que reclamaban protección legal para adoptar restricciones en caso de que la pandemia se descontrole una vez decaiga el estado de alarma. De hecho, el pasado febrero la Justicia ya echó por tierra en Euskadi la decisión del Gobierno de Iñigo Urkullu de
mantener el cierre de la hostelería.
Cada territorio podrá de esta forma
recurrir mediante casación al Supremo para defender sus medidas en caso de que sean rechazadas por tribunales superiores. A modo de ejemplo, este mismo lunes la Comunidad Valenciana ha confirmado su intención de
mantener el toque de queda, una medida que a priori no podría mantenerse a partir del próximo 9 de mayo.
El Gobierno central afianza así su intención de levantar el estado de alarma y dejar la responsabilidad de la pandemia en manos de las comunidades autónomas. La ministra de Sanidad,
Carolina Darias, reiteró este lunes que cada territorio dispone de
"herramientas e instrumentos suficientes" para mantener bajo control la pandemia: “La legislación que tenemos creemos que es suficiente y con las medidas que hemos ido tomando en el Consejo Interterritorial también", aseveró.
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