Redacción. Madrid
La Sociedad Española de Contracepción (SEC) calcula que con la nueva ley del aborto elaborada por el Gobierno aproximadamente la mitad de las mujeres que cada año abortan en España, unas 50.000, recurrirán a una interrupción de su embarazo de forma clandestina y en condiciones de inseguridad.
Modesto Rey Novoa.
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Así lo ha asegurado el responsable de Relaciones Institucionales de esta entidad, Modesto Rey Novoa, durante la presentación de un manifiesto contra el anteproyecto redactado por el Ministerio de Justicia, que cuenta con el apoyo de más de 120 sociedades científicas y asociaciones españolas, europeas e iberoamericanas.
La SEC mantiene que la elaboración de una ley más restrictiva no conllevará un descenso en el número de abortos en España, y avisan de que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo lo seguirán haciendo, "bien saliendo a otros países o mediante un aborto clandestino".
"Cuando una mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo, va a hacer todo lo posible por conseguirlo", ha aseverado la presidenta de la Confederación Iberoamericana de Contracepción (CIC), Isabel Ramírez, quien lamenta que con la reforma que prepara el Gobierno "España se sitúa al nivel de países en desarrollo". Los abortos clandestinos representan una tendencia creciente a nivel mundial, especialmente en los países en desarrollo, según ha añadido Rey Novoa, y según datos de 2008 se estima que cada año se producen unos 22 millones de interrupciones voluntarias de embarazo de este tipo.
El problema de estos abortos es su inseguridad, ha apuntado este responsable de la SEC, como demuestra que hasta en el 40 por ciento conlleve complicaciones que ponen en riesgo la salud física de la mujer, tales como dolor abdominal crónico, infecciones del aparato reproductivo, dispareunia, vaginismo, etcétera, y en algunos casos puede acabar siendo letal.
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