El Tribunal de Cuentas cuestiona la financiación de la formación para las IT

Redacción. Madrid
El Tribunal de Cuentas ha puesto en cuestión la asignación económica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a las autonomías durante 2011 para la formación de profesionales sanitarios para la gestión de las incapacidades temporales. En su ‘Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social’, el Tribunal considera que “la asignación fue discrecional y no relacionada con la población protegida”, al tiempo que “la asignación de plazas a las comunidades no fue proporcional al número de facultativos”, lo que conllevó un “coste distinto” en cada región a pesar de que todos los médicos realizaron el mismo curso online.

José Antonio Panizo, director general del INSS en 2011.

También se tuvieron en cuenta otras acciones formativas, y en este sentido, se ha detectado un “exceso de financiación” en Galicia, Madrid y Murcia, con unos ingresos por MIR formados “muy superiores a la media nacional”, aunque no se cuantifica esta sobrefinanciación.

Además, el Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en relación con la mejora del acceso a los historiales clínicos, ya que el INNS “no penalizó” con 33.807,96 euros a Castilla y León por no contar con acceso informático en la provincia de León. Tampoco se castigó por los incumplimientos sobre pruebas médicas complementarias, lo que habría conllevado la devolución de 510.405,39 euros por parte de Andalucía, 62.099,89 euros por Castilla y León, 72.954,33 euros por Castilla-La Mancha y 262.350,79 euros por Galicia.

Por otra parte, el Tribunal también considera “financiación ilegal” la concedida a Aragón (16.032,59 euros), Castilla y León (99.644,52 euros) y La Rioja (22.918,02 euros) en cuantía excesiva por no tener coordinador de incapacidad temporal en alguna de sus provincias o por no haber suministrado la información correspondiente. Por su parte, Baleares recibió un pago excesivo de 3.947,64 euros por estos conceptos.

Reducción de gasto

Con respecto a los objetivos de reducción del gasto de incapacidad temporal por contingencias comunes, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda no detecta irregularidades, si bien cree que el INSS “redondeó en exceso sin ninguna justificación” algunas transferencias, como las de Andalucía (2.112,02 euros), Castilla-La Mancha (496,69 euros), Galicia (1.341,34 euros) y Valencia (1.217,71 euros) por incumplir el indicador de incidencias.

Además, considera que los pagos relativos a la prevalencia y a los días de incapacidad temporal en relación con los afiliados “no están debidamente justificados” por lo que el Instituto “debe aportar los datos ciertos y proceder a calcular la correcta financiación que correspondería a cada comunidad autónoma, exigiendo en su caso los reintegros correspondientes”. En cuanto al resto de objetivos, no se observa ninguna irregularidad.

El Tribunal también critica que el INSS pagara más de un millón de euros a la Fundación Marqués de Valdecilla y no al Gobierno de Cantabria, con el que tenía firmado el convenio, por lo que cree que el INSS debe reclamar a la Fundación el reintegro de esas cuantías y proceder, posteriormente, a transferirlas a la comunidad.

Gestión de las incapacidades temporales

Por otra parte, tal y como informó Redacción Médica el pasado 7 de abril, el Tribunal de Cuentas ha considerado que el INSS financió “indebidamente” con casi 2,5 millones de euros a diferentes comunidades autónomas en el año 2011 en virtud de convenios de colaboración para el control de la incapacidad temporal, una cantidad que a su entender debería reclamar junto con los correspondientes intereses de demora.

El Tribunal de Cuentas recuerda que el antiguo Ministerio de Trabajo e Inmigración y todas las comunidades del régimen común, junto con Ceuta y Melilla, firmaron acuerdos de colaboración para el control de la incapacidad temporal para los años 2009 a 2012, en los que el INSS se comprometía a dotarles con 1.232,18 millones. No obstante, el informe sólo se refiere a los resultados de 2011. El reparto estaba determinado por la población protegida por asistencia sanitaria y por el incremento del IPC. A cambio, las comunidades tenían que cumplir un Programa de Modernización y mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal (70 por ciento del presupuesto) y un plan de racionalización del gasto (30 por ciento) que no todas cumplieron.

Así, el 20 por ciento del dinero dependía de que se creara en cada región una base de datos sobre los procesos de incapacidad temporal. Sin embargo, Andalucía no cumplió con el requisito de grabar el 85 por ciento de los partes médicos en un plazo de cinco días, argumentando “problemas informáticos puntuales”, algo que según el Tribunal de Cuentas es una justificación insuficiente ya que el propio INSS había sancionado anteriormente a Extremadura, Ceuta y Melilla por el mismo motivo. Por eso, cree que habría que reclamar a la Junta 29.333,64 euros y los intereses de demora.

Por otra parte, Aragón, Extremadura y Galicia consiguieron el 100 por ciento de la financiación por códigos de diagnóstico de los partes de incapacidad temporal pese a no haber cumplido totalmente con los criterios, por lo que recibieron 1.886,19 euros, 1.542,64 euros y 3.945,12 euros de más, respectivamente.

En relación con la gestión de las altas y disconformidades, se fijó un plazo máximo de 25 días, “contrario a la normativa vigente” que obliga a las administraciones a responder en dos semanas. No obstante, sólo Murcia (27,51 días) y La Rioja (32,91 días) superaron esos quince días, si bien algunas provincias como Valladolid (28,26 días) también rebasaron el límite, lo que a juicio del Tribunal debería haberse tenido en cuenta para repartir los fondos. Si ese fuera el caso, Castilla y León habría sido sobrefinanciada con 298.933,57 euros, mientras que La Rioja y Murcia “no debieron percibir cuantía alguna” por lo que tendrían que reintegrar 183.344,18 euros y 822.413,86 euros, respectivamente.

Créditos sobrantes

Finalmente, el Tribunal cree que el reparto, en 2011, de los 34,07 millones de euros de créditos sobrantes tras la ejecución de los convenios de colaboración fue “un gasto en exceso que no guardó relación con la mejora de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal, por lo que la distribución de estos fondos públicos sin vinculación a objetivos específicos constituye una mera transferencia de fondos públicos no amparada por la normativa vigente ni por los convenios de colaboración”.

Por esta vía Andalucía recibió 8,15 millones, Cataluña 5,28 millones, Valencia 5,07 millones, Galicia 2,74 millones, Canarias 2,09 millones, Castilla-La Mancha 2,07 millones, Madrid 1,88 millones, Murcia 1,43 millones, Extremadura 1,07 millones, Baleares 1,1 millones, Aragón 918.500 euros, Asturias 757.306 euros, Castilla y León 741.665 euros, Cantabria 410.587 euros, La Rioja 317.173 euros y Ceuta y Melilla 39.103 euros.

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