Privada solicita un marco legal estable en la colaboración con la pública

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Adrián Conde
"El modelo público está agotado y es obsoleto por su excesiva burocratización y porque no ha habido reformas en la gestión de los recursos humanos", así de contundente se ha mostrado Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud, en una mesa redonda sobre la colaboración público-privada y la sostenibilidad en el sistema sanitario, que ha moderado Juan Abarca Cidón, en el marco del Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud; Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa; y Juan Abarca Cidón, tesorero de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

De Rosa ha reconocido que estos momento se atraviesa una situación crítica y que  "nadie discute que el modelo tiene que cambiar", por lo que, a su juicio, no es eso lo que se debe debatir, ya que sobre lo que hay que  incidir es en el "cambio de gestión del SNS", porque soporta "problemas estructurales que vienen de atrás". Por ello, el consejero delegado de Ribera Salud es partidario de instaurar un "marco legal estable, que no esté a expensas de bandazos políticos". Según ha explicado, es necesario que haya "proyectos sólidos con planificación y prioridades, con una unidad de recursos".

De la misma manera, estima que transferir los riesgos sería beneficioso para el sistema público, que conservaría la planificación, mientras que el privado se encargaría de la gestión. De Rosa apuesta por un modelo de optimización basado en la eficiencia y por una mayor participación de lo privado, siempre que mayor sea el control público, lo que "ayudaría a validar la gestión y hacer comparaciones".

Por su parte, Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa, ha asegurado que el sector privado ya colabora activamente con el público, debido a que siete millones de personas son atendidas en este ámbito, además de dos millones de funcionarios, lo que supone "una importante descarga de actividad y costes ".

De Porres ha afirmado que el Estado es el gran beneficiado, puesto que además cuenta con la garantía de que las empresas que ofrecen estos servicios son solventes y deben rendir cuentas al Ministerio de Economía. El consejero delegado de Asisa cree que debatir "a estas alturas que esta colaboración es necesaria es difícilmente explicable".