La "diferencia de trato" por los nuevos incentivos de Atención Primaria abre la puerta a las denuncias judiciales

Fachada del Ministerio de Sanidad, donde se acordaron los incentivos al médico rural como la jornada de 4 días.
El marco legal deja dos vías abiertas para denunciar los nuevos incentivos de Atención Primaria.


11 abr. 2023 18:50H
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El despliegue del mapa de incentivos que el Ministerio de Sanidad ha diseñado para garantizar la presencia de los médicos en las plazas de difícil cobertura ha despertado algunas dudas legales que pueden terminar por llevar el plan a los tribunales. Medidas como facilitar la jornada de cuatro días para los facultativos que ejercen en los entornos rurales pueden ser entendidas como una “diferencia de trato” con respecto al resto de los profesionales de Atención Primaria y desencadenar un aluvión de denuncias por la vía administrativa.

El abogado especialista en derecho laboralista Fabián Valero ha explicado a Redacción Médica que estos nuevos incentivos de Atención Primaria pueden llevar a los médicos agraviados a movilizarse para reclamar una igualdad con el resto de profesionales estatutarios e incluso a presentar las reclamaciones ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de cada comunidad autónoma.

El experto de Zeres Abogados ha advertido que el concepto de la “difícil cobertura” no es por sí mismo un “argumento jurídico”, sino uno de carácter político. Por lo que las administraciones solo podrían escudarse en factores como los tiempos de desplazamiento o el aislamiento para tratar de defender las mejoras laborales específicas para los médicos del entorno rural. “Me parecen unos elementos muy débiles para justificar esa diferencia de trato entre unos y otros”, ha valorado. 

Ante esta realidad, Valero ha anticipado que se abre la puerta a que los médicos que no puedan disfrutar de estas ventajas traten de impugnarlas en los tribunales, ya sea con recursos contra la creación de las nuevas categorías profesionales o para tratar de anular las futuras convocatorias de los procesos selectivos. “Se puede denunciar”, ha subrayado el experto, que no ve factible que la jornada de cuatro días se amplíe a todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), pero sí que termine prohibiéndose como incentivo.

En todo caso, el abogado laboralista ha apuntado que para poder formular cualquier denuncia es necesario que estas mejoras de las condiciones laborales se materialicen en una resolución de las comunidades autónomas. Por el momento, el mapa de incentivos diseñado por el Ministerio de Sanidad se ha constituido como una hoja de ruta orientativa para las regiones, pero no es de obligado cumplimiento, tal y como ya adelantó Redacción Médica.


Los nuevos incentivos al médico rural


El Ministerio de Sanidad ya presentó tanto a los sindicatos como al conjunto de las comunidades autónomas su batería de incentivos para mejorar la presencia del médico en el medio rural. El documento que emanó de la Comisión de Recursos Humanos del SNS contempla tanto algunas ventajas económicas, como otras de carácter laboral, de proyección en el empleo e incluso académicas para los facultativos que apuesten por estas plazas.

A la jornada de cuatro días, se suman también los complementos retributivos periódicos, las ayudas económicas por desplazamiento o vivienda, las facilidades en la jubilación, mayores puntuaciones en los concursos para acceder a una plaza y en las bolsas de empleo, ventajas en la promoción de la carrera profesional o accesos preferentes a formación o proyectos de investigación.

El Gobierno también ha definido lo que se considera una plaza de difícil cobertura con una lista de 13 condicionantes, de los cuales hay que cumplir como mínimo 5 para acceder a los incentivos. A distancia o tiempo de desplazamiento, el nivel demográfico de la zona, el envejecimiento, el precio de la vivienda, el desempleo, los turnos de tarde, la atención continuada, la frecuencia de usuarios, la sobrecarga estacional o el volumen de vacantes son algunas de las claves. Aunque su definición ha planteado las dudas de los sindicatos que prefieren hablar de “centros de difícil cobertura” antes que de plazas particulares.
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