La OMC lleva al Defensor del Pueblo el anteproyecto de Código Penal

Redacción. Madrid
El anteproyecto de Código Penal consagra la “impunidad” de las amenazas y coacciones a los médicos. Así lo denuncia la Organización Médica Colegial (OMC), que ha llevado una queja formal ante la Defensora del Pueblo para solicitarle que traslade al Gobierno lo que, según reza en el documento, es un “claro retroceso” en la lucha contra las agresiones.

En el texto, rubricado por el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendin, se afirma que el nuevo articulado supone una “indefensión”, “inseguridad jurídica” y “desamparo”. Además, propone que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se incremente la actividad preventiva con mayor formación a los profesionales.

A este respecto, en la queja presentada se manifiesta una serie de consideraciones sobre las agresiones. En concreto, las que se realizan en el ámbito sanitario, desde las agresiones físicas a las verbales o cualquier otro comportamiento intimidatorio, realizadas por un paciente, familiar o acompañante contra un profesional médico en el ejercicio de su función y causando un daño físico o psicológico. También se recuerda que el “punto de inflexión” sobre el asunto llegó con el asesinato, en 2009, de María Eugenia Moreno, médico residente en el centro de salud de Moratalla (Murcia).

En el documento se analiza la situación actual de las leyes penales a la hora de enjuiciar las agresiones a médicos. Y, al respecto, se recoge que “no existe unificación de criterios” y que el marco normativo está caracterizado por la “fragmentación y el personalismo” provocando criterios contrapuestos en un mismo territorio judicial. Esto, según la OMC, provoca en los profesionales “inseguridad jurídica”.

“Preocupación y decepción”

El colectivo que representa a los médicos españoles manifiesta “la preocupación y decepción” ante el nuevo texto del Código Penal ya que considera que  se puede producir un “enorme retroceso” en la lucha contra las agresiones al poner en tela de juicio algo que existía consenso en la práctica judicial como es la consideración del profesional sanitario como sujeto pasivo de los delitos de atentado, resistencia y desobediencia grave. De igual forma, cuestiona que las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones de carácter leve pasan a tener una respuesta en la vía administrativa, lo que, a juicio de la OMC, “va a consagrar la impunidad de la inmensa mayoría de los agresiones verbales” a los sanitarios.

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Escrito presentado ante la Defensora del Pueblo