La Ley de Protección de Datos española no sigue la norma europea en salud

El nuevo proyecto de Ley de Protección de Datos del Gobierno español ha suscitado muchas críticas por parte de los profesionales y los investigadores del ámbito de la salud. Gran parte del malestar de estos trabajadores viene dado por la no aplicación de la normativa del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que, a diferencia de la norma nacional, prevé unos criterios específicos para el ámbito sanitario.

Los puntos clave de la norma comunitaria que los sanitarios afirman que se debería aplicar en España son dos. El primero es el que permite que los datos personales se puedan tratar sin el consentimiento del interesado cuando lo exijan razones de interés público en el ámbito de la salud pública. La importancia común que permita el uso de esa información personal vendrá marcado por la vigilancia de la sanidad, de los factores de riesgo y debe entenderse como un mecanismo de protección frente a amenazas nacionales o transfronterizas graves.

El segundo hace referencia a la investigación científica, para la que prevé excepciones a los principios de “limitación de finalidad” y “limitación del plazo de conservación”, a la exigencia universal del consentimiento informado y a los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y oposición.

Múltiples quejas

La no aplicación de la norma europea podría perjudicar al correcto desarrollo profesional de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud y a la investigación de enfermedades, según han manifestado diversas asociaciones científicas españolas. Los investigadores temen que pueda suponer "un perjuicio para el progreso y conocimiento de la salud de los ciudadanos" y afectar a los estudios que ya se están llevando a cabo al no permitirles "acceder a determinados datos", según apuntan desde la Sociedad Española de Epidemología (SEE).

“En la actualidad, si se quiere llevar a cabo una investigación retrospectiva, es decir, acudiendo a los archivos médicos de pacientes que hace años estuvieron en el hospital, basta con que en el momento del ingreso estos hayan prestado su consentimiento para utilizar sus datos en investigaciones. Sin embargo, en la ley que se está trabajando este consentimiento no sería suficiente, haría falta contactar con cada paciente y pedir permiso para usar la información de la enfermedad que tuvo hace cinco o diez años”, explica Manuel Anguita, presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Por estos motivos, desde la SEE creen que la salud pública y su investigación "necesitan una legislación específica sobre protección de datos que dé cuenta de sus particularidades, que difícilmente pueden estar recogidas en una ley de carácter general". De esta forma, insisten en que generará "una enorme inseguridad jurídica y tendrá como consecuencia la obstaculización de la práctica de la salud pública y la investigación científica en salud".