La Justicia ratifica la decisión de Sanidad de gestionar Torrevieja

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) desestima el recurso presentado por Ribera que acusaba al Consell de vulnerar el cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el rescate para la gestión pública del departamento de salud de Torrevieja. Ante esta noticia, fuentes de Ribera han avanzado que "vamos a recurrir ante el Supremo", ya que su asesoría jurídica sostiene "que se ha incumplido la legislación".

El Tsjcv desestima el recurso en una sentencia firmada en marzo y a la que ha tenido acceso Redacción Médica. La última decisión judicial se enmarca en el proceso que abrió el grupo sanitario para evitar el rumbo de la Generalitat Valenciana de rescatar el área sanitaria para la gestión pública. La concesionaria mantenía que el Consell no había justificado que la decisión fuese sostenible económicamente.

Torrevieja Salud, nombre con el que operaba Ribera en el departamento, recurrió la resolución de la secretaria autonómica de Tecnología Sanitaria de julio de 2021, tres meses antes de la reversión, según ha avanzado Información.

Ribera recurrirá al Supremo

Ante esta noticia, fuentes de Ribera esgrimen a este periódico que "es una decisión judicial que respetamos, pero no compartimos, por lo que vamos a recurrir ante el Supremo". En cambio, por parte de la Conselleria se han congratulado de la decisión de la sentencia porque "hemos defendido siempre el revertir los departamentos que están bajo concesión administrativa. Abogamos por la sanidad pública, no pública gestionada por empresas".

La legislación apuntaba que una decisión como la de no prorrogar una concesión administrativa como la que gestionó Ribera durante quince años debe fundamentarse para valorar sus repercusiones y supeditarse "de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera". Es esta la línea que sostiene Ribera, cuya asesoría jurídica considera "que se ha incumplido la legislación".

Mientras que Ribera ha mantenido que la Generalitat incumplió este requisito legal, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia explica que la Conselleria de Sanidad solicitó informes en este sentido a las direcciones generales de Recursos Humanos, Farmacia y Productos Sanitarios, Recursos Económicos y de Asistencia Sanitaria. No obstante, la administración ya conocía los números del coste de la prestación porque era la que los abonaba directamente a Ribera.

Valoración del coste de la reversión

La Conselleria de Sanidad argumenta también que con la gestión directa pretende, según indicó la abogacía de la Generalitat, establecer un modelo sanitario que "garantice la integración asistencial, la comunicación de los diferentes centros sanitarios públicos, evitando la variabilidad de la práctica clínica y el uso compartido de sistemas de información".

A criterio de Ribera, estos informes administrativos no realizaban una valoración "correcta" de las consecuencias de la reversión del servicio al no tener en cuenta, entre otros datos, el análisis "con las necesarias dosis de profundidad, del coste económico que la prestación directa del servicio de gestión" tiene para la Generalitat en comparación con el coste que suponía su gestión indirecta a través de la concesionaria.

Ribera no se rinde y continuará defendiendo su posición "por los pacientes y profesionales que han sido los más perjudicados con esta decisión, como demuestran los indicadores de empeoramiento de calidad asistencial tras la reversión, y las múltiples protestas públicas", añaden fuentes de la concesionaria.