La Audiencia Nacional rechaza la demanda de la Junta de Andalucía contra seis tabaqueras

Redacción. Madrid
La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de la Junta de Andalucía de ser resarcida por el Estado y seis empresas tabaqueras por el coste sanitario derivado del tratamiento de 135 pacientes que desarrollaron diferentes patologías como consecuencia de su adicción al tabaco.

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional pone fin a un largo proceso en los tribunales iniciado en el 2002, cuando el Gobierno andaluz interpuso una demanda civil contra seis tabaqueras en reclamación de 1.769.964 euros por el tratamiento de 135 víctimas del tabaquismo en hospitales andaluces.

La Junta presentó la documentación de esos pacientes y las enfermedades que desarrollaron, como cardiopatía isquémica, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica y solicitó que fuesen condenadas las tabaqueras y el Estado como tercero responsable.

La resolución, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, establece que "el ejercicio de la acción al amparo del artículo 83 de la Ley General de Sanidad constituye un cauce inidóneo para reclamar estos daños".

Dicho precepto invocado por la Junta se refiere a la asistencia sanitaria en los supuestos de seguros obligatorios especiales y en aquellos en los que aparezca un tercero obligado al pago.

La Audiencia Nacional, a la vez, anula la resolución del secretario general técnico por delegación del Ministro de Defensa que, en noviembre de 2008, que no admitió la demanda de la Junta ya que "no se puede deducir que solicitara el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado".

Esta sentencia pone fin a un largo proceso iniciado por la Junta en 2002 en los juzgados de lo civil, quienes consideraron necesario dirigir el pleito contra el Estado y, en consecuencia, a la vía contencioso-administrativa, por lo que la Junta presentó la correspondiente demanda al Ministerio de Economía y Hacienda invocando la Ley General de Sanidad y la Ley General de la Seguridad Social.

En octubre del 2006, el Ministerio de Hacienda rechazó la demanda al no apreciar relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración del Estado y "los hipotéticos daños causados por el consumo de tabaco".