Ana Mato, exministra de Sanidad que aprobó el Real Decreto, junto a Mariano Rajoy, presidente de España en funciones.
22 jul. 2016 11:35H
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El Tribunal Constitucional no considera que los ajustes aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 vayan en contra de la Constitución. En concreto, el TC entiende que el recorte de prestaciones sanitarias gratuitas a los inmigrantes sin permiso de residencia, aunque estén empadronados, no va en contra de la Carta Magna.
Así lo considera el citado alto tribunal, que ha votado por mayoría (8 contra 3) avalar el Real Decreto 16/2012, que redujo tanto la asistencia a ‘sin papeles’ como las intervenciones del turismo sanitario a costa del erario público. Por ello, el Constitucional desestima la inmensa mayoría del recurso que puso el Parlamento de Navarra, en el que cuestionaba la utilización de la citada norma para regular la condición de asegurado y beneficiario de la Seguridad Social.
El Constitucional entiende que el Gobierno razonó correctamente lo que era una situación de urgente necesidad por sujetar las facturas ante un “insostenible déficit de las cuentas públicas sanitarias”. Por esto, lo que hace el Constitucional es defender la norma como prioridad para mantener el sistema sanitario público en un momento de contexto económico muy complejo.
El punto que sí se ha declarado inconstitucional, según informa El Español, es el inciso que deja en manos de una determinación reglamentaria el fijar un número de ingresos que no pueden superar los ciudadanos no afiliados a la Seguridad Social. Sobre esto, considera que no puede quedar solo en manos del Gobierno sino que tiene que haber una herramienta legal sobre el límite de ingresos exigible.
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