Palacio de Justicia de Cantabria.
Los gerentes del Servicio Cántabro de Salud (SCS) la pasada legislatura han avalado la gestión de sus entonces subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González, y director de la Gerencia de Atención Primaria, Alejandro Rojo, asegurando que contrataciones por las que ambos están acusados por presunta prevaricación administrativa se ajustaban a la ley y se logró además un "ahorro importantísimo", y negando también que hubiera "fraccionamiento indebido" en contratos menores, que se tramitaron "de forma adecuada".
Así lo han expresado este jueves Julián Pérez Gil, que fue el máximo responsable del organismo sanitario, y Benigno Caviedes, que le sustituyó en el cargo a mitad de mandato tras dimitir del mismo, en mayo de 2018, al igual que hicieron los dos procesados por las supuestas irregularidades en adjudicaciones de obras y servicios cuando salieron a la luz.
Inhabilitación para empleo y cargo público por más de diez años
González y Rojo se enfrentan, respectivamente, a catorce y once años de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado únicamente con contratación administrativa, como pide para ellos el fiscal por presunta prevaricación -continuada y no continuada-, mientras el PP, que ejerce la acusación particular, eleva hasta los quince años la solicitud de inhabilitación para ambos.
En la segunda sesión de la vista oral contra ellos, que se celebra esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, han comparecido junto a los testigos que faltaban de las acusaciones y los propuestos por las defensas los peritos citados por las partes. Estos expertos concluyeron en su informe sobre los procesos de contratación que "se adecuaban en general a la normativa vigente", aunque han apuntado que apreciaron "incidencias administrativas".
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