El solape de normas diluye la cobertura sanitaria de la Ley de Familias

Un informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el Anteproyecto de Ley de Familias establece que la nueva definición del concepto de "familia" es muy amplia y su desarrollo se realiza en casi todos los casos de manera "muy genérica", algo que llega a solaparse con lo dispuesto en otras normas que regulan, por ejemplo, el derecho a la prestación sanitaria.

"Desde este planteamiento, la norma se reduce en buena parte a una declaración de intenciones difícil de aplicar en la práctica; si bien la ampliación del concepto de familia podría influir en las redacciones futuras de normas relacionadas con este ámbito", concretan los autores del informe.

El propósito de la norma que hace referencia a este cambio de concepto establece la incorporación del concepto "familias" frente al singular de "familia" utilizado hasta la fecha, apoyándose en la "defensa de la diversidad en la formación de las unidades de convivencia". Este planteamiento se ajusta a la evolución de la sociedad española, a la vez que incorpora a un mayor número de posibilidades en la composición y, por tanto, de personas, en el concepto "familia".

La ampliación de la palabra "familia" o unidad de convivencia tiene "repercusiones prácticas" en el caso de algunas prestaciones públicas cuyo número de beneficiarios se incrementa significativamente. Un ejemplo importante en relación a la sanidad es la ampliación del acceso o mejora en el trato de las parejas de hecho en algunas prestaciones de la Seguridad Social o de las que forman parte de las relaciones laborales.

El proyecto de ley no concreta en obligaciones precisas sobre sanidad

Dentro de los comentarios que el informe de Fedea plantea, está la utilización de términos como "establecerán", "impulsarán" o "desarrollarán" en lugar de concretar con obligaciones precisas o medidas concretas para las administraciones públicas.

A modo de ejemplo sanitario, incluyen que el Gobierno "desarrollará" un marco estatal de acompañamiento y apoyo a "los primeros 1.000 días" para garantizar un buen comienzo en la vida a todas los niñas y niños en una larga relación de ámbitos como la garantía de acceso a un entorno saludable para el desarrollo de la crianza, a un sistema sanitario y educativo de calidad.

Otro de los puntos del proyecto de ley que señalan es el que tiene relación con las Administraciones Públicas en materia sanitaria, algo que también se queda en predicciones a futuro. "De conformidad con lo previsto en la legislación sanitaria vigente, orientarán sus actuaciones a la garantía del acceso universal a la salud, promoverán acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de las familias, así como a modificar las condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva, deberán garantizar la orientación y planificación familiar y el apoyo en materia de salud sexual y reproductiva, avanzarán hacia la armonización en el conjunto del Estado del programa de vacunas y prestaciones socio-sanitarias infantiles", indica el proyecto.

Dentro de los distintos objetivos del proyecto de ley, se incluye el reconocimiento jurídico de los diversos tipos de estructuras familiares existentes, la determinación de las prestaciones y los servicios a los que tienen derecho según características y nivel de ingresos o la reducción de la pobreza infantil teniendo en cuenta los resultados de una evaluación del impacto redistributivo.