Redacción. Madrid
El Plan Nacional de Reformas 2014 remitido a Bruselas presume del ahorro que supondrá, según los cálculos gubernamentales, la reforma de la Administración pública, un proyecto que el presidente ha confiado directamente a su número dos y persona de máxima confianza en el Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez.
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El Ejecutivo estima que se ahorrará 13.569 millones en el periodo 2013-2015, lo que supone alrededor de 7.129 millones derivados de la puesta en marcha de la polémica ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (recurrida en el Tribunal Constitucional por la oposición y varias comunidades) y otros 6.440 procedentes de distintas actuaciones de la Comisión para la reforma de la Administración Pública (CORA).
Se modificará además la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo y habrá nueva ley de subvenciones.Otro de los anuncios que hace el Ejecutivo popular en su Plan Nacional de Reformas es la aprobación de una nueva ley de mutuas (junto a la aprobación de un decreto de gestión y control de procesos de incapacidad temporal) que, a tenor de las cuentas del Gobierno, puede suponer nuevos recortes en sanidad, de unos 227 millones de euros, por un mayor control de los procesos de incapacidad temporal para trabajar. “Mejorará la productividad de las empresas, reduciendo el absentismo laboral injustificado”, se alega.
La cercanía de las elecciones europeas ha retrasado el impulso de esta norma en el Consejo de Ministros, una norma de la que también se espera un ahorro de 25 millones anuales por asimilación retributiva de altos cargos; además de un aporte de liquidez para la Seguridad Social (2.143 millones) por el establecimiento de límites a las reservas de las mutuas. La obligación que se establecerá de que las mutuas propietarias de sociedades de prevención de riesgos laborales tengan que venderlas o liquidarlas antes de diciembre de 2014 comportará asimismo recuperar 40 millones en deudas pendientes de cobro, lo que se sumará al ahorro de 305 millones por un uso mayor de sus recursos sanitarios.
Las diferentes partidas de gasto social son las que más van a sufrir el ajuste de los próximos años para lograr que el déficit del conjunto de las administraciones pase del 6,6 por ciento anotado en el 2013 al 1,1 por ciento programado para el 2017.
También bajará de forma importante el peso de los salarios públicos. En este periodo, solo subirá el gasto en intereses de la deuda pública que pasará del 3,4 por ciento del PIB en el 2013 al 3,8 por ciento. Se prevé que el peso de la deuda pública sobre el PIB tocará techo en el 2015 al alcanzar el 101,7 por ciento.
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