El Constitucional avala el RD que limita la temporalidad de los sanitarios

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados de Vox en el Congreso de los Diputados contra el Real Decreto impulsado por el Gobierno en 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, lo que afectaba también a 

En una nota informativa del TC, recogida por Europa Press, se explica que los diputados de Vox solicitaban que se declarara la inconstitucionalidad de ese decreto al considerar que infringía el artículo 86.1 de la Constitución, por no concurrir la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que justificaría el dictado de esta norma excepcional.

Entendían asimismo que la regulación que contenía vulneraba los limites materiales del decreto-ley al afectar al derecho fundamental previsto en el artículo 23.2 de la Carta Magna. Pero la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa, descarta que el Real Decreto-ley 14/2021, haya infringido el la Constitución, pues el Gobierno en la memoria de impacto normativo, en la exposición de motivos de la norma y posteriormente en el debate de convalidación, ha satisfecho suficientemente la carga de explicitar y razonar la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad que le llevó a dictarlo.

Por otra parte, el tribunal aprecia la existencia de una relación de adecuación de las medidas adoptadas y la situación de urgencia a cuya solución sirven. Además, argumenta que del contenido del precepto impugnado resulta que la norma recurrida no lleva a cabo una regulación general del derecho fundamental de acceso a la función pública (art. 23.2 CE), ni de su contenido esencial.

Medidas del Real Decreto para reducir temporalidad en sanidad

Cabe recordar que este Real Decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el sector público entró en vigor en julio de 2021 tras aprobación en Consejo de Ministros y, según anunciaba el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, las medidas que contemplaba afectaban a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hubieran visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los acuerdos para la mejora del empleo público de los años 2017 y 2018.

Según el cálculo del propio Gobierno y gracias a este Real-Decreto, más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos se convertirán en fijas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.

Indicaban por otro lado que los procesos se desarrollarían a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso, por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público, de un 40 por ciento en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente.

La norma recogía además que los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de cobertura de plazas son compatibles con los procesos de estabilización. Y para quienes no superen los procesos de estabilización, las convocatorias de estabilización podrán prever su inclusión en bolsas de interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes.