Cantabria garantiza una respuesta en 2 horas ante una agresión a sanitarios

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) trabaja en establecer entre una y dos horas el tiempo de respuesta máximo ante un conato de agresión a sanitarios. El SCS ha ofertado ya la compra y mantenimiento de un servicio de vigilancia en centros sanitarios de Atención Primaria. Acaba de licitar por 198.000 euros la compra de 250 cámaras de vigilancia y un servicio de atención a incidencias que estará operativo de forma ininterrumpida.

La Consejería de Sanidad se marca un tiempo de reacción de entre una hora y dos desde el momento que se tiene constancia de un intento de agresión o la misma agresión hasta la intervención por parte de las autoridades. Además, la resolución total de las incidencias no podrá superar las ocho horas de plazo.

"El tiempo transcurrido desde la notificación de la incidencia y el inicio de las actividades encaminadas a su resolución se establece en sesenta minutos para zona urbana y 120 minutos en zona rural", según recoge la oferta de contratación. Añade también que "el tiempo transcurrido entre el inicio de las actividades encaminadas a su relación y el instante en el que queda solucionada se establece en ocho horas", de acuerdo a la memoria de la licitación del contrato publicado por el Servicio Cántabro de Salud a través de la plataforma de Contratación.

Reparto de cámaras de videovigilancia

De las 250 cámaras de vigilancia, acompañadas de sus repuestos, programas informáticos, atención y protocolo administrativo, de vigilancia y de comunicación de incidencias, 64 se instalarán en centros de salud urbanos y 112 en consultorios rurales. El resto se distribuirá a demanda del SCS allí donde considere oportuno.

Una vez resuelto el contrato, el proveedor dispondrá de 90 días para el suministro e instalación de los equipos. El plazo durante el cual estará vigente el contrato es de dos años. La comunicación de incidencias a la empresa de videovigilancia se podrá realizar mediante teléfono móvil y correo electrónico. La compañía adjudicataria mantendrá informada a quienes comuniquen la incidencia de la evolución de la misma y enviará un informe de cierre de incidencia al SCS.

Esta decisión viene motivada por la escalada en las agresiones que el personal sanitario viene sufriendo desde la pandemia. Se contrata material de vigilancia ya que se considera que es un elemento disuasorio importante, a la vez que proporciona seguridad y confianza a los empleados del Servicio Cántabro de Salud. De hecho, Cantabria ha registrado en 2022 una tasa de 4,61 incidentes en su servicio de salud por cada 100.000 habitantes, lo que supone el valor más alto de toda España. Ese año se notificaron en la región 27 casos, lo que representa un aumento del 92,9 por ciento en comparación con el año anterior.

"Los profesionales del sector sanitario que han sufrido una agresión expresan mayor temor ante los pacientes y familiares a partir de la agresión. Las consecuencias de los incidentes violentos afectan a la organización del trabajo, observándose un mayor aumento del absentismo laboral, un deterioro de la calidad del servicio y un descenso del rendimiento y la competitividad a corto y medio plazo", alega.

"La presencia de cámaras de videovigilancia en todos los centros sanitarios y consultorios rurales es idónea como elemento inhibidor de conductas violentas, resultando un elemento externo disuasorio de actuaciones contra la seguridad de las personas, bienes e instalaciones. En el ámbito sanitario, además, favorece una percepción por parte de los profesionales sanitarios de mayor seguridad durante el tiempo de prestación de servicios en el interior de las dependencias de los centros de salud y consultorios rurales", concluye.