Aprobada la reforma que rebaja las tasas

Redacción. Madrid
El Congreso convalida el decreto ley que reforma la Ley de Tasas Judiciales que reduce en un 80 por ciento el tramo variable de las tarifas para las personas físicas y adelanta la aplicación del Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita para eximir de las mismas a algunos colectivos.

Gallardón.

Durante el debate de este asunto todos los grupos de la oposición han afeado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que modifique la aplicación de las tasas judiciales mediante un Decreto Ley que impide la discusión de este asunto en profundidad. Esta posibilidad ha sido rechazada por la mayoría parlamentaria del PP, que se ha quedado solo en esta decisión. Todos los grupos menos el que sustenta el Gobierno han coincidido en que, pese a la "rectificación" proyectada por su departamento, la norma sigue impidiendo el acceso a la tutela judicial efectiva de una gran parte de la ciudadanía.

Especialmente incisivo ha sido el diputado del PSOE Antonio Camacho, que ha defendido que esta "rectificación" del proyecto inicial de la Ley de Tasas haya provocado que durante los tres meses en los que la norma inicial ha estado en vigor se hayan vulnerado los derechos fundamentales de muchos ciudadanos. Durante su intervención en el hemiciclo, el ministro de Justicia ha explicado que esta norma permitirá que colectivos "especialmente desprotegidos" puedan disfrutar ya de los beneficios previstos en el citado Anteproyecto, como son todas las víctimas de violencia de género, trata de seres humanos, accidentes graves o menores y discapacitados que hayan sufrido abusos o maltrato.

Igualmente, ha defendido que la reforma supone una "apuesta por la solidaridad" que lleva a la justicia gratuita (derecho a contar con abogado de oficio) "más lejos de lo inicialmente previsto". Durante el turno de réplica ha aclarado que los trabajadores en la jurisdicción social no pagarán tasas "en ninguna instancia". El Gobierno aprobó el este Decreto Ley tras escuchar las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que había recibido la queja de abogados, sindicatos o consumidores pidiéndole que recurriera la Ley de Tasas ante el Tribunal Constitucional. No presentó el recurso -cosa que sí hizo el Grupo Parlamentario Socialista-- pero sí trasladó sus propuestas al ministro.
Aunque el Decreto ya entró en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los grupos parlamentarios estaban llamados a convalidar esta reforma con la que el Gobierno espera que tenga una incidencia inferior al 5 por ciento en los 306 millones de recaudación previstos con las nuevas tasas.