Almudena Álvarez: “Los profesionales sanitarios deben perder el miedo a denunciar el maltrato infantil ”

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
Las actuaciones y las funciones de los profesionales del ámbito sanitario al maltrato infantil son múltiples y todas ellas tienen como factor común que es contribuir a que las necesidades del menor sean cubiertas. El Foro Sanidad y Derecho, organizado en el Hospital La Paz, ha contado con la presencia de la magistrado juez titular del Juzgado Número 41 de Madrid, Almudena Álvarez, que ha señalado que "los profesionales sanitarios deben perder el miedo a denunciar el maltrato infantil".

Las implicaciones en la salud hacen que los profesionales del ámbito sanitario tengan un papel fundamental en la intervención, detección y prevención del maltrato infantil. Álvarez ha explicado que los jueces dan mucha importancia a los datos que se recogen en el parte médico, sobre todo cuando el que ha contado los detalles es el propio afectado. La magistrado considera que "cuanto menos se interrogue al niño maltratado, mejor".

Entre los factores que más influyen a la hora de no reconocer el maltrato están, por ejemplo, la falta de formación acerca de los indicadores de malos tratos. Otras de los motivos comunes que influyen a la hora de no certificar el problema son algo más complejas y aluden a cuestiones personales de los profesionales. Certificar un mal trato supone “destapar” una situación familiar conflictiva y responsabilizar a alguien del daño.

La magistrado juez titular del Juzgado Número 41 de Madrid se ha mostrado partidaria de que se extiendan protocolos de actuación en todas las comunidades, ya que ayudarían a los profesionales a enfrentarse a un problema que  provoca cambios en una dinámica familiar consolidada, que victimiza al más vulnerable, con frecuencia al menor. Esta situación suele ir asociada al temor a cometer algún fallo y diagnosticar como maltrato algo que no lo es, temor a ser injustos con los padres y con el menor, preocupación por las reacciones de los padres y a la propia seguridad personal y miedo a estar vulnerando el principio de confidencialidad.