¿Qué debe hacer el sanitario catalán si no quiere incumplir el 155?

Con la maquinaria preparada y engrasada para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución Española si de aquí al viernes no hay un giro copernicano de la situación en Cataluña, algunos líderes del procés, como el conseller de Exteriores Raül Romeva han asegurado a las claras que los funcionarios catalanes no van a aceptar de buen grado el mandato de la autoridad del Estado.
 
Sin embargo, los juristas advierten de las consecuencias que tendría para ellos desobedecer y consideran que éstas contribuirán a rebajar (y mucho) la ‘desobediencia civil’ a la que llaman algunos sectores del independentismo. Pero, ¿en qué consiste esa desobediencia? O, planteado desde el otro punto de vista, ¿cómo debe actuar un servidor público catalán que no quiera incumplir el artículo 155?
 
El artículo 95.2 del Estatuto Básico de los Empleados Públicos establece como falta muy grave el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución Española y los respectivos estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma, según recuerda Fabián Valero, abogado laboralista y director de Zeres Abogados.
 
“La desobediencia es causa de eventual responsabilidad disciplinaria del empleado público”, explica Valero, quien detalla que ésta puede conllevar suspensión de empleo, suspensión de sueldo e incluso cese e inhabilitación llegado el caso. “Si hay una desobediencia contumaz, reiterada de las órdenes e instrucciones que puedan recibir se pueden enfrentar a un cese”. Este extremo viene recogido en los artículos 94 y 95 del Estatuto Básico.
 
A Valero se le hace difícil ver una situación en la que los empleados de los sanitarios puedan incurrir en desobediencia, si se compara con otras áreas del Gobierno autonómico, como Interior o la televisión autonómica. No obstante, recuerda que “si el responsable coyuntural de la Consejería de Sanidad dicta alguna orden o instrucción y esta es desobedecida por parte de los empleados públicos, será exactamente como si desobedecieran a otra orden del anterior consejero”.
 
En ese sentido, espera que no se generalice una rebelión por parte de estos trabajadores, ya que, además de mirar por su empleo, “la inmensa mayoría de los empleados públicos están al servicio de los intereses generales”.