"La reversión de concesiones es una gran falta de respeto en forma y fondo"

La legalidad en rescates de concesiones administrativas también ha tenido su espacio en el XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Una cita en la que Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud, ha reconocido que le da “lástima que los prejuicios ideológicos estén por encima de los científicos”. Se refería al interés de la Generalitat valenciana por suprimir las concesiones administrativas que esta mantiene con su grupo, a pesar “de ostentar una larguísima trayectoria avalada por los altos porcentajes de satisfacción de los pacientes”. “No es lógico suprimir algo que funciona y si se hace es porque en realidad se trata de un debate político”, ha aseverado el directivo.

De Rosa ha recordado que la apuesta de algunas comunidades por el fin de los acuerdos con la sanidad privada “no se trata de un debate regional ni nacional sino que supone un reto en los sistemas sanitarios de todo el mundo”. En eso, España no es ajena, inmersa en procesos de supresión “que cuestan el despido de cientos de trabajadores, en los que además hay una gran falta de respeto en las formas”. “Esta demonización crea un marco de inseguridad, restringe los servicios sanitarios y genera desconfianza en el exterior dejando en el aire futuras inversiones”, ha matizado.

El representante de Ribera Salud, que ha moderado la mesa, no ha querido dejarse en el tintero que su grupo publicó en 2013 un decálogo de buenas prácticas en las concesiones público-privadas. En él se incluía “que a mayor número de concesiones, hay que tener mayor control público”. Eso sumado a los buenos resultados que el grupo ha ido demostrando en satisfacción del paciente, listas de espera… “En un país normal, nuestras estrategias se estudiarían para llevarlas al sector público; por eso quizá es el momento de decidir en qué país queremos vivir”, ha sentenciado antes de dar la palabra al resto de ponentes.

Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud; Rosa Vidal, socia-directora de Broseta Abogados; Javier Molina, socio de Cuatrecasas Gonçalvez Pereira; y Adolfo Fernández-Valmayor, presidente del IDIS.

Rosa Vidal, socia-directora de Broseta Abogados, ha resumido la actitud de la Generalitat valenciana en un ejercicio “de demagogia”. Una idea que ha refutado con la situación financiera de la comunidad: “Desde 2012 no se pueden ampliar las plantillas netas, solo la reposición”, ha explicado en relación a los costes que exige esa futura gestión directa y los empleados de los que el Gobierno deberá hacerse cargo. Por otro lado, la jurista ha recordado que “en dos casos menores de reversión, el Estado ha declarado que vulneraban el interés general de España”.

Rescatar un modelo caduco

Javier Molina, socio de Cuatrecasas Gonçálvez Pereira, ha puesto en duda el futuro de los convenios colectivos de los trabajadores afectados por esas reversiones. El letrado ha recordado que la Administración deberá asumirlo hasta su fin, lo que no significa que esto vaya a quedar muy claro en estos casos: “¿Y si se quedan sin convenio?”, ha planteado. Adolfo Fernández-Valmayor, presidente de IDIS, ha querido por su parte recordar “la importancia de la sanidad privada en España”. “Aportamos el 3,5 por ciento del PIB, de ese, el 0,8 por cien se genera de contratos como los que establece Ribera”, ha comentado el representante del sector.

Fernández-Valmayor ha matizado que en España “el 30 por ciento de las cirugías se hacen en centros privados, el mismo porcentaje respecto al total de las cirugías cardíacas”. Unos datos para despejar toda duda de que la sanidad privada no se dedica únicamente a procesos asistenciales “fáciles”. En este sentido, ha querido poner también en valor la calidad asistencial, poniendo de manifiesto la notable “reducción de las listas de espera” que la privada presenta respecto a la pública.

Ya en el turno de preguntas tanto Vidal como De Rosa han defendido el modelo de concesión sin por ello renegar del sistema público. “Soy una firme defensora de la sanidad pública”, ha comentado Vidal. El responsable de Ribera Salud, por su parte, ha lamentado que a pesar de toda su experiencia en la gestión sanitaria nadie le haya preguntado sobre las estrategias: “Lo que no podemos es sostener un sistema público con estrategias de hace 50 años”, ha concluido. 

El letrado Javier Molina se dirige a los asistentes de la ponencia.

La jurista Rosa Vidal durante la mesa celebrada en el Congreso.