"La Ley de Equidad invade competencias y es difícil que llegue a aprobarse"

"¿Invade competencias autonómicas la Ley de Equidad? Sí, por supuesto, y creo que no llegará a aprobarse". Este es el preludio sobre la tramitación de esta normativa de Francesc José María Sánchez, director gerente del Institut Català de la Salut (ICS) entre diciembre de 2006 y noviembre de 2008. José María reflexiona sobre algunos problemas de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), como que se pueda prescindir de la prestación concertada y que el SNS sea sostenible sin ella.

José María, vicepresidente de la Comissió de Garantia i Avaluació de la Ley de la Eutanasia de Cataluña, abogado y socio fundador de FJMAdvocats y secretario del Cercle de Salut, también se pronuncia sobre esta Ley, y valora que la puesta en marcha de la prestación y el acceso a la misma ha sido "muy positiva", aunque destaca algunas mejoras respecto al redactado original e interpretación del Ministerio de Sanidad.

¿Qué valoración hace de la implantación de la Ley de la Eutanasia en Cataluña?

La valoración es muy positiva de cómo se ha puesto en marcha la prestación y el acceso a la misma por parte de los solicitantes. Ha habido un esfuerzo importante en dotar a la Comissió de una infraestructura para poder atender las solicitudes y las reclamaciones. A 30 de septiembre, había 195 solicitudes en Cataluña, de las cuales se habían autorizado 119 y se habían realizado 91. Son unos registros que están muy por encima respecto a otras comunidades autónomas. Tanto desde el punto de vista organizativo, de funcionamiento, del acceso a la prestación y coordinación estamos muy satisfechos.

¿Qué se puede mejorar?

El redactado de la ley nos ha generado muchos interrogantes a la Comissió. Hemos elaborado y difundido documentos para establecer algunas aclaraciones. En ese sentido nos hemos alejado de la interpretación del manual de buenas prácticas que emitió el Ministerio de Sanidad. Entendemos que no hay nada que impida que el médico consultor haya podido tener relación asistencial con el solicitante con anterioridad. Todo lo contrario, esto puede contribuir a un mejor conocimiento del caso.

De la objeción de conciencia nos hemos inclinado por una interpretación restrictiva sobre qué profesionales pueden ejercer este derecho limitando la posibilidad a aquellos que directamente participan en la administración de los fármacos letales.

¿A qué achaca las diferencias de la actividad de la prestación entre comunidades autónomas?

Los datos que conozco en cuanto a objetores de conciencia son de junio de este año, cuando se cerró el informe anual. Había un 0,17 por ciento de objetores en Cataluña, lo que supone 155 profesionales entre médicos, enfermeras, farmacéuticos y psicólogos clínicos. En Cataluña la muerte digna tiene una fuerte implantación y tradición. La sociedad civil se ha organizado de manera importante entorno a la reivindicación de una ley de eutanasia y esta reivindicación está más arraigada, lo que contribuye a la buena acogida e implantación de la ley.

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"La colaboración público-privada es absolutamente necesaria e imprescindible para el SNS"

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¿Invade competencias autonómicas la Ley de Equidad?

Por supuesto porque incide en cómo hay que gestionar los servicios de salud. El Sistema Nacional de Salud es el sumatorio de los 17 servicios autonómicos de salud, más el Ingesa para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la atención sanitaria es una competencia que está traspasada a las comunidades autónomas. Incidir en cómo hay que gestionar esta competencia se entromete en el ámbito competencial propio de cada comunidad autónoma.

¿Es sostenible para el SNS limitar la prestación concertada?

Yo creo que no. El régimen de conciertos no es la única forma de colaboración público-privada, que es lo que ha sucedido con las concesiones administrativas en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Ahí no se agota la posibilidad de la colaboración público-privada. Desde luego hay muchos ámbitos donde esa colaboración es absolutamente necesaria e imprescindible, por ejemplo, el transporte sanitario o las oficinas comunitarias de farmacia. Es muy difícil pensar que se pueda prescindir.

¿Y cómo podría haber afectado a Cataluña?

La ley hace una apuesta clara por la gestión directa. Desde la perspectiva estrictamente catalana, era un torpedo en la línea de flotación de cómo se ha desarrollado el sistema sanitario. Se retiraron por parte de los partidos catalanes en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad porque el PSOE aceptaba incluir la excepción catalana. Aquí las modalidades de gestión indirecta, a través de los conciertos sanitarios y a de los convenios singulares de vinculación, están muy extendidas. En Cataluña hay 201 centros vinculados al Sistema Nacional de Salud y solo ocho pertenecen al Institut Català de la Salut.

¿Cómo cree que finalizará la tramitación de esta Ley?

Creo que no llegará a aprobarse. Es una ley compleja. La Ley tiene otras cuestiones como el llamado reagrupamiento familiar, con un reconocimiento amplio para los extranjeros. No va a ser turismo sanitario, sino que va a ser vía reagrupamiento familiar que esa universalización va alcanzar a mucha gente que puede ver esa posibilidad para venir a nuestro país a ser atendido. La financiación de la prestación de los servicios asistenciales depende de las comunidades autónomas. El Ministerio ya puedo ir ampliando la cartera y la cobertura poblacional porque al final es otro quien va a tener que hacer frente a este gasto con sus presupuestos