Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la AEDS, reflexiona sobre el presente y futuro de la cronicidad en España
Julio Sánchez Fierro.
20 oct. 2018 15:30H
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POR JESÚS ARROYO
El XXV Congreso Nacional de Derecho Sanitario ha discutido sobre la necesidad de establecer un abordaje integral en la Leucemia linfocítica crónica (LLC), desde una “perspectiva asistencial, ética, y jurídica”.
Julio Sánchez Fierro sobre la financiación autonómica en materia de cronicidad.
En este punto, Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), cree que “las respuestas de las administraciones públicas están siendo heterogéneas y un paciente crónico, ya sea de una comunidad del norte o del sur, tiene las mismas razones éticas para recibir un tratamiento de calidad”.
“Las diferencias nacen a raíz de la financiación que recibe cada comunidad autónoma en materia sanitaria. La diferencia que hay por ejemplo entre Andalucía y el País vasco en los tratamientos crónicos es de 500 euros por persona y año. Esta diferencia es demasiado. Hay que buscar soluciones, como un sistema de financiación razonable”, explica.
En este sentido, Sánchez Fierro cuantifica en 19 millones de pacientes crónicos en España, y recuerda que “la cronicidad es un estado permanente, que requiere una atención continuada. Cada paciente es un caso. No es lo mismo un crónico que tiene una patología, que un enfermo que tiene tres patologías. Las personas mayores a partir de los 70 años lo normal es que tengan hasta tres patologías”, afirma.
Abordaje heterogéneo
En la actualidad, critica el vicepresidente de la AEDS, “el desarrollo de la estrategia en cada comunidad autónoma no es homogéneo. Y eso es un problema”.
“No existe un criterio único en la ejecución de la estrategia para estos pacientes crónicos, pero lo que es peor: no hay unos indicadores que permitan al final de cada año valorar donde hemos avanzado en la atención de las patologías crónicas”, denuncia.
El abordaje integral en la leucemia linfocítica.
Por ello, Sánchez Fierro reclama al Consejo Interterritorial que “revise la estrategia de cronicidad y que se analice comunidad por comunidad que está pasando y qué objetivos se deberían de haber conseguidos y cuáles no. Este es un trabajo muy importante para el futuro”.
Precisamente, según un reciente estudio de la Universidad de Washington, los españoles superarán los 85 años de esperanza de vida media en 2040, siendo así el país con mayor tasa de longevidad del mundo dentro de 22 años. Esto preocupa a Sánchez Fierro que pide “una profunda reflexión sobre el como abordar las enfermedades crónicas”.
25 años de Derecho Sanitario
Como vicepresidente de la Asociación que desde este jueves organiza el Congreso de Derecho Sanitario, Sánchez Fierro se muestra “satisfecho” por el rumbo que ha tomado esta rama jurídica.
“El sentimiento de una tarea de servicio publico de primer orden. Aquí nos reunimos para ver como podemos hacer las cosas mejor y eso supone crear un marco jurídico que señale cual es la ruta más segura para las autoridades, profesionales y pacientes”, señala orgulloso Sánchez Fierro.
En este aniversario, Fierro recuerda que el derecho sanitario en un principio era “un sumatorio de disposiciones dispersas, que debían de ser interpretadas”. Como ejemplo rememora el hito que fue el establecer el requisito del consentimiento informado para “mejorar las garantías del paciente”.
Presente y futuro del paciente crónico.
“Que hoy día el consentimiento informado sea un procedimiento más dentro del hospital no es fruto de la casualidad, es fruto de haber insistido mucho desde el Derecho Sanitario”, cuenta.
Futuro cercano
A partir de ahora el futuro establecerá nuevos marcos de actuación por parte del Derecho Sanitario. En opinión del Sánchez Fierro, la atención domiciliará deberá de ser recogida como un derecho de las personas mayores.
“Los poderes públicos deben impulsar un conjunto de apoyos de carácter social y sanitario para que las personas mayores que deseen o soliciten ser atendidos en su casa puedan hacerlo. Es decir, la atención domiciliaria se debe de recoger como un derecho. Y este aun está por construir”, concluye.
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