"El nivel de catalán no ha sido barrera para cubrir plazas en el IbSalut"

Este sábado se cumple un año de la aprobación del decreto que regula el nivel de catalán necesario para trabajar como sanitario en el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), una norma que generó gran polémica y que llegó a ser recurrida por la Delegación de Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Sin embargo, el sentir general de la administración pública y de los sindicatos es que esta discutida medida ha tenido escasos efectos en el sector. 

"Durante 2018 y el presente año, el Servicio de Salud de las Islas Baleares ha lanzado convocatorias de Oferta de Empleo Público (OPE) que estabilizará cerca de 5.000 puestos de trabajo. A ningún profesional sanitario aspirante se le ha denegado el acceso por no saber catalán. Además, y en el caso de categorías o especialidades sanitarias deficitarias, es importante remarcar que el nivel de capacitación lingüística tampoco ha sido una barrera o impedimento a la hora de cubrir plazas en el sistema sanitario público balear", afirma la Consejería de Salud de Baleares a Redacción Médica. 

La Consejería que lidera Patricia Gómez hace hincapié en que "el balance desde la aprobación de la normativa ha sido positivo ya que se han desarrollado con total normalidad más del 80 por ciento de los procesos de oferta pública de empleo". Además, recuerdan que para acceder a una plaza fija del IbSalut "cualquier persona puede presentarse a una OPE de una categoría sanitaria sin necesidad de acreditar ningún nivel lingüístico. La norma ofrece un plazo de dos años (desde la toma de posesión de la plaza en propiedad) para acreditar un nivel elemental de catalán, el B1. En caso de no acreditarlo, el profesional sanitario no podrá acceder a la carrera profesional ni a los concursos internos de movilidad".

"Una decisión política"

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"No se ha producido esa fuga masiva de profesionales que algunos auguraban"

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Al igual que la Consejería, Jorge Tera, secretario general del Sindicato de Enfermería (Satse) en Baleares, considera que "hasta el momento el impacto del decreto es cero". "Tras una dura negociación conseguimos rebajar bastante los niveles de exigencia y conseguimos que fuese libre, de entrada, el acceso al empleo público, tanto temporal como fijo", recuerda.

"En las oposiciones que se están convocando o en las bolsas de trabajo para personal sanitario en Baleares, no se requiere el catalán; lo que se adquiere es el compromiso de conseguir el B1 en dos años", explica el representante balear, que añade que si no se adquiere la certificación no se perdería la plaza ni habría traslados forzosos. "También se ha convocado un concurso de traslados masivo en casi todas las categorías profesionales sanitarias y tampoco ahí se está exigiendo", añade Tera, que tampoco cree que haya menos residentes que quieran llegar a las islas para trabajar por este motivo. 

Tera lamenta los "tintes políticos" que han marcado esta medida. "La gente autóctona es bilingüe en su mayoría, esto no es Cataluña, la gente te cambia la lengua si no le entiendes y las personas se comunican con normalidad", explica el secretario general, que no cree que haya ningún problema con los pacientes: "Entre la población no es una cuestión relevante. Todo esto no tiene más contenido que el político. Estamos en una comunidad bilingüe y lo que se pide a los profesionales es que se impliquen lo máximo posible en que cualquier paciente pueda recibir atención en cualquiera de las dos lenguas". 

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) comparte el punto de vista de Enfermería. "Esta medida no ha tenido ningún impacto este año en la Atención Primaria, aunque es una decisión más política que otra cosa. No se ha producido esa fuga masiva de profesionales que algunos preveían. Además, consideramos que como médicos de AP debemos ser capaces de hablar con los pacientes en su lengua materna, o al menos de entenderla". 

Las voces críticas

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"Aquí la mayoría de médicos entienden catalán no, no hay ningún problema con eso"

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En la misma línea, aunque visiblemente más crítico, Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares, sostiene que "'el requisitazo' fue una decisión política, no una decisión tomada pensada en mejorar la Sanidad". Lázaro cuenta 20 médicos que se han ido en el último año por el efecto disuasorio del requisito del catalán. "Aquí, la mayoría de los médicos entienden perfectamente el catalán. No hay ningún problema con esto", defiende el presidente. 

Aún más disgustado con esta norma se muestra el Colegio de Médicos de las Islas Baleares (Comib), que argumenta que "decretar como requisito el conocimiento del catalán en la sanidad pública balear puede suponer un hándicap a la hora de atraer médicos, sobre todo en Menorca, Ibiza y Formentera, donde ya existe un problema importante de doble insularidad y dificultad para encontrar vivienda".

No obstante, desde el colegio subrayan que "tras un año de implantación de dicho requisito creemos que la medida no ha tenido de momento un gran impacto, ni en la mejora ni en detrimento de la contratación, en parte a causa de que los profesionales tienen un plazo de dos años para acreditar el nivel de catalán exigido". Aun así, hacen hincapié en que se debe "considerar el conocimiento del catalán como un mérito y no como un requisito entre los profesionales de la sanidad pública, máxime en una comunidad autónoma como Baleares, que es una de las principales importadoras de profesionales médicos, debido al importante déficit y envejecimiento de los profesionales, sobre todo en determinadas especialidades, entre las que se encuentran Medicina Familiar y Comunitaria".

"Debe ser un mérito y no un requisito"

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"El decreto del catalán es una vulneración de derechos del personal estatutario"

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"Debe ser un mérito y no requisito", sentencia Luis Apolinar, presidente del sector de Sanidad de CSIF Baleares, que insiste: "Para la Oferta Pública para sanitarios, se les ha dado una moratoria de dos años. Si no lo cumplen, se vulneran sus derechos porque es un decreto que penaliza y les impiden el acceso de promoción al nivel superior en carrera profesional y les imposibilita movilidad y promoción interna".

Ante esa "vulneración de derechos del personal estatutario", continúa el representante de CSIF, "el sindicato ha puesto una demanda en el Juzgado Contencioso-Administrativo y estamos a la espera de sentencia". Para CSIF, "el IbSalut es un servicio que importa trabajadores y tenemos el hándicap de la insularidad y el problema de la vivienda, si le sumamos que se anticipa el conocimiento lingüístico a la capacidad profesional, no hace nada apetecible que los profesionales se planteen venir aquí y también es difícil mantenerlo". 

"Nunca ha habido ningún problema ente los pacientes y los profesionales, es una medida política totalmente", añade el representante de CSIF, que tiene constancia de que el 90 por ciento de los que se han examinado, han pedido hacer el examen en castellano.