Redacción. Madrid
Los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia copagaron una media de 2.498 euros a lo largo de 2013, hasta sumar más de 1.870 millones de euros, según un estudio de María Dolores de Prada y Luis M. Borge, profesores de la Universidad de Valladolid, financiado por la Fundación Caser para la Dependencia. Según este informe, el coste total de la dependencia durante 2013 ascendió a 6.509 millones, lo que supone un coste por beneficiario de 8.695 euros al año, con lo que estos aportaron el 28,7 por ciento del total.
Distribución de la financiación en 2013. Fuente: Estudio ‘Una aproximación al coste de la dependencia en España y su financiación’, de los profesores de la Universidad de Valladolid María Dolores de Prada y Luis M. Borge, impulsado por la Fundación Caser para la Dependencia.
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Así, la mayor participación se produce en la teleasistencia con un 58,05 por ciento del coste total del servicio, seguida de la atención residencial donde los usuarios participan en un 39,30 por ciento del coste y la ayuda a domicilio con un 27,27 por ciento. Por su parte, la aportación del usuario en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar se sitúa en el 15,66 por ciento.
Según recuerdan los autores, la Ley de Dependencia establece que los beneficiarios participen en la financiación del coste de los servicios en función del tipo y coste del servicio y su capacidad económica. Así, para elaborar el estudio se han utilizado los criterios de participación establecidos por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en julio de 2012, por lo que “no se ha estimado lo que realmente está aportando el usuario, sino lo que debería aportar si esos criterios se llevaran a cabo”.
En cuanto a la financiación de la ley por parte de las administraciones públicas, el estudio señala que en 2013 aportaron en torno a 4.600 millones, “cifra muy superior a la estimada en la memoria económica de la ley, que estimaba la financiación pública total para ese año en 3.750 millones”. En este sentido, la aportación de la Administración General del Estado superó los 3.565 millones de euros, el 57,77 por ciento del coste total, de los que 1.165 millones se financiaron a través del nivel mínimo y los 2.400 millones restantes llegaron a través de la “financiación adicional que las autonomías reciben para reforzar el estado del bienestar en función de criterios relacionados con la dependencia”. Por su parte, las autonomías financiaron algo más de 1.070 millones, un 16,5 por ciento del total.
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