Nueve entidades piden que no se retiren las competencias en servicios sociales a ayuntamientos y diputaciones



24 abr. 2013 19:47H
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Redacción. Madrid
Nueve organizaciones han remitido un escrito al Gobierno en el que proponen que la propuesta de reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local no elimine las competencias municipales para “la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social” por el impacto que supondría sobre el empleo y la atención a personas mayores, pero también a inmigrantes, personas desfavorecidas o el colectivo infantil en riesgo de pobreza.

De izquierda a derecha: Emiliana Vicenta González, secretaria general del Consejo General de Trabajo Social; César Blanco, representante de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales; Jesús Fernández, secretario general de Servicios Privados de CCOO; Javier Gómez, vicepresidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y presidente de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (Amade); Ángel Quesada, representante de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), y Alfredo Bohórquez, secretario general de la Sociedad Española de Geriatría yGerontología (SEGG).

Según ha asegurado el secretario general de la Sociedad Española de Geriatría, Alfredo Bohórquez, eliminar estas competencias de ayuntamientos y diputaciones “implica la pérdida de 65.000 puestos de trabajo y que 200.000 personas dejen de estar atendidas, ya que al menos el 50 por ciento del presupuesto de los servicios sociales vienen del ayuntamiento”.

Por su parte, Ángel Quesada, representante de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), “tanto la teleasistencia como el servicio de atención a domicilio, facilita que muchas personas mayores puedan seguir viviendo en su casa y su entorno, que es lo que quieren, y no tener que irse a una residencia”. Más de 600.000 personas están atendidas por el servicio de atención a domicilio hoy en día en España. “Es prácticamente imposible que una Comunidad Autónoma lleve estos servicios sociales, como lo están llevando hoy en día los ayuntamientos”, ha concluido.

El empleo es otra de las grandes preocupaciones. En este sentido, el vicepresidente de Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y presidente de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (Amade), Javier Gómez, ha explicado que “el sector de servicios sociales municipales genera sólo en ayuda a domicilio más de 150.000 puestos de trabajo”, pero, además, “la ayuda a domicilio contribuye a reducir el coste de servicio de urgencias y el gasto farmacológico, por lo que supone un ahorro a la Sanidad Pública”.
 

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