Redacción. Valencia
La Administración valenciana adeuda más de 80 millones al sector de atención a la dependencia, de los cuales la mitad corresponden a 2013, ha denunciado la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), que además ha apuntado que esta cifra podría aumentar el próximo mes, si la Generalitat no abona las partidas correspondientes a abril de este año, y que asciende a 15 millones mensuales.
María José Mira, directora general de Aerte.
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María José Mira, directora general de Aerte, ha señalado que “dada la deuda acumulada, las empresas de asistencia a la dependencia necesitan previsiones de liquidez para poder mantener su actividad diaria”, por lo que la patronal “va a incidir a la Consejería de Hacienda y Administración Publica para que, por un lado, abone toda la deuda de 2013 y, por otro, elabore sin falta el plan de pagos 2014 comprometido, simétrico para todos los centros y, sobre todo, que se cumpla en tiempo y cantidades”. Mira ha añadido que “los centros, profesionales y personas dependientes necesitan conocer si el Gobierno valenciano va a actuar a corto plazo y con qué medidas”.
Por otra parte, Aerte ha puntualizado que dentro de esos 80 millones de duda que mantiene la Generalitat se incluyen más de 40 millones con los centros sociales y de atención a la dependencia de titularidad pública.
Aerte analiza las modificaciones propuestas por Bienestar Social
La Consejería de Bienestar Social ha puesto en conocimiento de la patronal dos proyectos de modificación de la normativa que regula el sector a nivel autonómico. Según ha explicado Aerte, están siendo estudiados con el fin de poder presentar propuestas.
Además, Aerte quiere recordar que las personas mayores y dependientes ya llevan más de un año con un copago excesivo, siendo el primer colectivo a los que se les aplicó, donde, en muchos casos, se copaga superando el 90 por ciento de su capacidad económica. En el cálculo del copago se incluye también las 14 pagas a cobrar, a diferencia del modelo anterior, que sólo entendía 12 pagas, lo que tiene como consecuencia “que la cantidad que queda para sufragar sus gastos personales, como medicinas, ropa, etc. sea escaso”.
Por último, Mira ha subrayado, “somos conscientes de la difícil situación económica por la que atraviesa la comunidad, y de la escasez de recursos existentes, pero es posible alcanzar posiciones de equilibrio que nos permitan atender a todas las personas que lo necesitan, pero sin que haya diferenciaciones entre diferentes colectivos ni programas”.
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