Luis Cayo, presidente de Cermi.
27 abr. 2016 13:20H
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Este miércoles se ha celebrado la segunda y última Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la XI legislatura. La sesión ha tratado únicamente la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) propuesta por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para modificar la Ley de Dependencia en lo relativo al copago confiscatorio. Sin embargo, como ha recordado Sebastián Franquis, presidente de la Comisión, está ILP no se podrá votar hasta constituidas las Cortes de nuevo tras las elecciones del 26 de junio.
“El copago supone la compra de un derecho”, ha señalado Luis Cayo, presidente de Cermi, durante la exposición de motivos. “Si el 90 por ciento de una prestación está sujeta a copago, entonces no se puede hablar de un derecho”, ha especificado y ha denunciado que esta medida ha supuesto la expulsión de personas del sistema de dependencia.
Por ello, ha solicitado que se modifique la ley en algunos aspectos como en limitar la aportación al 60 por ciento de la prestación y cambiar los parámetros en función de la edad en la que la persona entre en el sistema de dependencia.
Todos los grupos se han mostrado a favor de estudiar la propuesta del Cermi. La primera en intervenir ha sido la portavoz del PNV, Pilar Ardanza, que ha destacado “las desconexiones que la ley de dependencia puede tener con la realidad” y que ha agradecido al Cermi su propuesta.
Elena Ribera, portavoz de Democracia i Llibertat, también se ha mostrado favorable a la modificación de la norma y ha cargado contra la Administración Central porque “la cofinanciación incluida en la lay no se ha producido y ha tenido un importante impacto para las arcas públicas de Cataluña ya que el 50 por ciento de la financiación no se ha visto”. Ribera ha calificado esta diferencia entre lo incluido en la ley con la realidad de la financiación como “un brindis al sol”.
El portavoz de Ezquerra Republicana de Cataluña, Joan Baptista Olòriz, ha criticado que el “copago nació como una mala solución”, pero se ha convertido en “una tentación para uso del Gobierno”.
Por parte de Ciudadanos ha comparecido Orlena María de Miguel, portavoz de Servicios Sociales Ciudadanos, que también ha aludido a “una mejora de la financiación” y ha señalado que “se deben ajustar los porcentajes y los criterios” de las personas que deben efectuar el copago.
La portavoz de Servicios Sociales, Ana Belén Terrón, ha afirmado que “hay una clara intención de demoler el sistema de dependencia” y se ha referido a la ILP como un “ejemplo de democracia”.
Recuperar lo perdido
La portavoz del PSOE, Elvira Ramón, ha señalado que “es una prioridad recuperar todo lo perdido en estos cuatro años del Partido Popular e impulsar de nuevo el sistema para que vuelva a tener el espíritu que tuvo en el año 2006” y ha destacado que “hay que recuperar el carácter público de las prestaciones, la universalidad en el acceso, la personalización de la atención y la promoción de la autonomía personal”. Ha criticado la paralización del calendario de implantación de la Ley de Dependencia que hizo el PP al llegar al poder en 2011.
Finalmente, la diputada del Partido Popular, Silvia Valmaña, ha señalado que la aspiración de Cermi “es interesante y plantea unas necesidades que no contempló el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero” y se ha mostrado a favor de estudiar la proposición.
A pesar de las buenas palabras, la propuesta no será valorada hasta la próxima legislatura, momento en el que los diputados deberán ratificar con su voto las buenas palabras escuchadas en la Comisión. Para terminar, Sebastián Franquis ha agradecido el trabajo de portavoces, miembros de la Comisión y personal de apoyo y ha despedido a la cámara: “Muchas gracias, mucha suerte y se levanta la sesión”.
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