La Generalitat Valenciana acumula impagos superiores a 9 meses con las empresas que gestionan residencias públicas

Redacción. Valencia
La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones con las empresas de atención sociosanitaria encargadas de la gestión de residencias públicas, con una media de impagos superior a los 9 meses, el plazo más alto de España, según datos aportados por las organizaciones sindicales y la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (Avrep).

Plazo de pago de las gestiones integrales de recursos públicos en las comunidades autónomas. Fuente: Avrep.

Desde esta entidad consideran “inadmisible” que se mantenga una deuda con los operadores que gestionan los centros públicos, en especial porque esta gestión queda regulada por la Ley de Contratos del Sector Público. La realidad, denuncia Avrep, es que, mientras la media de retrasos en el pago a proveedores en España está en 90 días, la Comunidad Valenciana triplica este periodo, alcanzando picos de hasta doce meses de impagos a las entidades sociosanitarias, en especial a aquellas vinculadas a residencias públicas.

Esta situación puede provocar que la red pública de atención a personas en situación de dependencia “pueda desaparecer en los próximos meses ante la pasividad de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el consiguiente perjuicio social y reducción de la calidad de vida para muchos dependientes y sus familias”.

Así, Avrep ha reclamado a la Generalitat que busque los medios necesarios para hacer efectivo el pago de la deuda que mantiene con los operadores del sector desde noviembre de 2012. Además, la asociación recuerda que los operadores del sector no han sido incluidos en el primer tramo del Plan de Pago a Proveedores, que finalizó el pasado 6 de septiembre y que “teóricamente estaba destinado a cubrir impagos hasta el 30 de abril de 2013”. En este sentido, la asociación lamenta que “la no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos”.

La FED reclama nuevas fórmulas de colaboración público-privada

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto Echevarría, ha reclamado “una mayor implicación y compromiso efectivo de las administraciones públicas tanto central como autonómica en aquellos retos esenciales para la sostenibilidad del sector”, entre los que ha citado la agilización del pago de las prestaciones y el reconocimiento de la situación de dependencia a las personas con derecho a ser atendidas;  el pago por parte de la administración central y autonómica de la deuda acumulada a los centros que en estos momentos asciende a más de 50 millones de euros;  la aplicación real de la Ley de la Dependencia o  la compleja arquitectura financiera que genera efectos barrera para la sostenibilidad del sector.

Otra idea expuesta por Echevarría ha sido la de impulsar la coordinación sociosanitaria mediante la colaboración entre centros sociosanitarios y los hospitales en aspectos como la reducción de la estancia media en hospitales, derivando a los pacientes  a centros donde el nivel de profesionalidad y atención no tiene nada que envidiarles.