Redacción. Madrid
El Grupo Parlamentario Socialista ha celebrado la 'Jornada Parlamentaria sobre Servicios Sociales y Ley de Dependencia', en la que ha analizado la situación y perspectivas de la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Uno de los aspectos más polémicos de la actualidad de la ley es, sin duda, su financiación. Según ha defendido la responsable de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, “en su momento se discutieron una serie de fórmulas y se optó por la que tenemos”. “Se debería abrir un debate para garantizar la financiación de la ley”, ha concluido.
Trinidad Jiménez, responsable de Política Social del PSOE. |
Jiménez, ha subrayado que su aprobación supuso “un hito” porque España contaba con una ley que otros países ya tenían. “No me canso de decir que es una ley bastante barata y no supone un esfuerzo tan grande para un país como España”, ha insistido. En este sentido, ha detallado que en 2010, el año donde más se gastó en dependencia, dado que se produjeron más incorporaciones, todas las administraciones involucradas gastaron un total de 6.767 millones, mientras que el gasto en Sanidad en aquel periodo fue de 70.000 millones.
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, desde que el PP llegó al Gobierno “acosa a los dependientes” en los plazos y a la hora de alcanzar unos requisitos mínimos para obtener las ayudas a la Dependencia, a la vez que “criminaliza a los cuidadores no profesionales” quitándoles las ayudas y el reconocimiento que habían adquirido recientemente y después de haber estado ahí “toda la vida”.
La diputada socialista cree que el PP argumenta que “el cuidados no profesional no es bueno” para implantar este “acoso”, que pertenece a un “relato no escrito en ninguno de los documentos de las conferencias sectoriales de dependencia”, pero que, a su juicio, “está presente de forma constante en los mensajes del PP de ideología de derecha radical”. Con ello, Soraya Rodríguez ha subrayado que este año ha supuesto una “demolición controlada” de la Ley de Dependencia, con el pretexto de la crisis económica, al tratarse de una normativa que desde el principio disgustó al PP al no contar con su apoyo cuando estuvo en la oposición.