Redacción. Madrid
Nueve años después de la aplicación de la Ley de Dependencia y cuando casi se ha cumplido el calendario establecido para su desarrollo (en julio se deberán integrar el resto de dependientes que quedan en el sistema, es decir, los moderados), el Partido Popular quiere elevar al Pleno del Congreso de los Diputados la revisión de la normativa para evaluar su grado de implantación y, a partir de ahí, elaborar una nueva hoja de ruta para mejorar la atención a la dependencia en España. El objetivo es que con las conclusiones del debate se sienten las bases para modificar aquellos aspectos que se evidencien como mejorables y poder sentar las bases de trabajo posterior, de acuerdo con el resto de grupos políticos y agentes involucrados.
Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso.
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Así se desprende de la proposición no de ley registrada por la formación y que recoge este lunes el boletín oficial de la Cámara Baja. En el documento oficial, el PP explica la necesidad de revisar una normativa por la cual “se estableció un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad; y que permite a las personas dependientes acceder a las prestaciones y servicios establecidos en la ley”.
Además, para reforzar sus argumentos, la formación detalla también que la norma nació con el consenso de prácticamente todos los grupos parlamentarios (solo los nacionalistas no participaron del mismo), por lo que no duda en que su revisión salga también adelante con el mismo apoyo parlamentario. “Es un tema que nos concierne y nos preocupa a todos y que supone una mejora evidente en la atención y en la calidad de vida de personas que no pueden valerse por sí mismas, así como de los servicios sociales”, afirman.
Estado actual de la situación de la dependencia en España
En la actualidad, hay 743.767 beneficiarios de la Ley de Dependencia, 5.180 más que a finales de 2011, momento en el que el PP entró al Gobierno. Desde el año 2012 se han producido un total de 319.736 nuevas incorporaciones, a las que se sumarán los dependientes moderados a partir del 1 de julio (se calcula que serán otros 300.000), y con los que se terminará de desplegar el sistema de atención a la dependencia en su totalidad.
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