Redacción. Zaragoza
El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha contestado a las críticas vertidas por el PSOE respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia en Aragón y ha asegurado que las prestaciones económicas que se conceden a personas dependientes deben ser “excepcionales” y que los servicios profesionales, como las residencias o la teleasistencia, deben incrementarse “poco a poco”.
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Estos servicios profesionales, “además de crear empleo pueden dar una mayor calidad en la atención que todo el cariño que da un familiar a un dependiente” ha estimado el Ejecutivo aragonés para aseverar que la Ley de Atención a la Dependencia “no se dimensionó adecuadamente cuando se aprobó”.
El Gobierno ha preguntado a los socialistas por qué no fueron dados de baja los más de 7.000 ciudadanos fallecidos que figuraban en la base de datos de este servicio público como dependientes vivos y “dónde está ese dinero que hemos comprobado que no llegó en la inmensa mayoría de las veces a los dependientes y sus familiares”, que ha cifrado en 14 millones de euros que la Comunidad Autónoma ha tenido que devolver al Gobierno de España.
Bloqueo
El Gobierno de Luisa Fernanda Rudi se “encontró bloqueado por insuficiencia presupuestaria” al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, “de manera que hubo que llevar a cabo una importante ampliación de crédito para asegurar la percepción de las prestaciones económicas por las personas que tenían reconocida la situación de dependencia en 2011”.
Los créditos incluidos en la Ley de Presupuestos de 2011 para atender el pago de las prestaciones económicas de atención a la dependencia ascendían a 84.693.710, “cantidad claramente insuficiente para hacer frente a las prestaciones reconocidas el mes de diciembre de 2010”, cuando había 18.439 beneficiarios y el coste mensual era de 11.723.458 euros.