Antón defiende las reformas de la ley como fórmula para dar a los dependientes la mejor atención

Enrique Pita / Imagen: Adrián Conde. Madrid
El director general del Imserso, César Antón, ha defendido la gestión que en el último año ha hecho el Gobierno de la Ley de Dependencia para dar sentido al sistema “priorizando la atención a los grandes dependientes”. Así, ha asegurado que “no se han reducido las prestaciones del catálogo de servicios de la Ley, sino que se ha acordado primar los servicios profesionales sobre las prestaciones para cuidador familiar”, que, tal y como ha recordado, están contempladas en la ley como una herramienta excepcional pero que suponen en torno al 46 por ciento de las prestaciones que se conceden. “Tenemos que dar instrumentos y garantías a las personas dependientes para que reciban la mejor atención”, ha dicho.
 

El director general de la Fundación Caser para la Dependencia, Juan Sitges (izq.) y el director general del Imserso, César Antón.

Tras defender las reformas adoptadas por el Gobierno previo acuerdo con las autonomías en el Consejo Territorial de julio de 2012, cuya intención es reconducir la aplicación de la norma “al espíritu original de la ley” (es decir, manteniendo la cartera de servicios y las aportaciones de los usuarios y administraciones), Antón ha recalcado que el Ministerio y las autonomías acordaron crear un grupo de trabajo para estudiar y establecer la fórmula “para regular el tratamiento fiscal de los instrumentos privados de la cobertura de la dependencia”, es decir, de los seguros de la dependencia.

Antón, que ha participado en una jornada de la Fundación Caser enmarcada en la Semana del Seguro, ha señalado que este desarrollo será muy importante para el sistema y ha recordado que en el campo de los servicios sociales la aportación, el ‘copago’, de los usuarios “siempre ha estado admitida” y siempre se ha entendido como red de servicios sociales tanto las infraestructuras públicas como las privadas. De hecho, gracias a las empresas privadas que han actuado en el campo de los servicios sociales “se ha podido llegar a lugares a los que no llegaban las administraciones públicas”.
 

El aseguramiento enlaza directamente con una de las grandes preocupaciones: ¿cómo financiar la aplicación de la ley? Según ha asegurado Antón, “no sabemos cuánto cuesta realmente la dependencia, no hay datos contrastados, no hay partidas presupuestarias autonómicas dedicadas específicamente a la dependencia”, y esto es una asignatura pendiente del sistema. Por ello, el director general del Imserso ha señalado que se ha acordado con las autonomías establecer unos indicadores de referencia que permitan calcular ese coste, pero aún es pronto para tener datos reveladores. Una vez determinado ese coste “nos quedaría por calcular cuánto aporta el usuario y cuánto las administraciones públicas”.

Error en las previsiones iniciales

Por otra parte, Antón ha señalado que aunque la realidad indica que ha habido errores en las previsiones del número de dependientes y de empleos creados que se hicieron cuando se puso en marcha la ley, es posible que esas estimaciones no fueran descabelladas, si bien se han visto superadas por ciertas circunstancias. Así, ha apuntado a la concesión de prestaciones vinculadas al cuidador familiar como una de las posibles causas de la desviación. “Aunque las estimaciones de empleo solo se hayan cumplido en un 40 por ciento aproximadamente, lo cierto es que hay que tener en cuenta que cerca del 50 por ciento de la atención a personas dependientes se hace a través de cuidadores familiares, que es una fórmula que no genera empleo”.