Andalucía recuerda que “se opuso y se opone” a los recortes en dependencia

Redacción. Sevilla
La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno regional rechaza los recortes impuestos por el Ministerio en materia de dependencia y que dirige sus esfuerzos a mantener las prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

María Jesús Montero.

Las medidas del Ejecutivo central se han puesto en marcha “con una falta de transparencia absoluta, asfixiando a las autonomías y sin consenso”. Así, ha retado a “consultar las actas del Consejo Territorial de la Dependencia” para comprobar que las decisiones no se han tomado por consenso y que Andalucía se opuso “en su momento y se sigue oponiendo” a los recortes. Además, ha añadido que el Gobierno andaluz se opone a un incremento del copago como el que plantea el Gobierno en el Plan Nacional de Reformas.

Montero ha afirmado que Andalucía va a seguir trabajando en la línea de mantener las prestaciones pero ha recordado que “sin la participación del resto de Administraciones, la atención a la dependencia corre un serio riesgo de deteriorarse”. En este sentido, ha matizado que una administración no puede por sí misma sostener el sistema de atención a la dependencia y que “si el Estado se retira, las comunidades autónomas no podrán asumirlo solas”.  Actualmente, con las medidas impuestas por el Gobierno central, Andalucía está aportando el 75 por ciento mientras que el Estado ha disminuido su parte al 25 por ciento. Hace siete años, cada administración  aportaba el 50 por ciento, a partes iguales.

Respecto al mantenimiento de las prestaciones, la consejera se ha referido a dos ámbitos que son clave del sistema en Andalucía porque permiten a la persona en situación de dependencia permanecer en su entorno habitual o familiar. Así, en la región se ha conseguido reducir del 15 al 13,2 por ciento la disminución de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Además, ha resaltado que el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes contra la Exclusión Social aprobado recientemente se han destinado 20 millones para que los ayuntamientos puedan mantener el servicio de ayuda a domicilio y así salvar 2.500 empleos. Se estima, además, que esta iniciativa permitirá prestar servicio a 15.000 personas