“Los servicios sociales están garantizados” con la nueva Ley de Administración Local

Enrique Pita. Madrid
La nueva Ley de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local ha venido acompañada de un controvertido debate en el que se han puesto en duda la continuidad de algunos de los servicios que se estaban prestando desde las entidades locales, entre ellos los servicios sociales. Sin embargo, según ha explicado a Redacción Médica el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), César Antón, tras inaugurar un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, “la ley ofrece instrumentos para garantizar que los servicios sociales se sigan prestando  y establece plazos e instrumentos que, desde el marco de la colaboración y del acuerdo, permite ordenar las competencias”.

Así, Antón ha explicado que esta norma “es una ley de sostenibilidad que aparece en un marco de necesidades de ajustes en la financiación, pero también de delimitación y ordenación de competencias, de que no existan duplicidades para ser más efectivos y eficaces”, y ha recordado que “hay que tener bien presente” que la ley “es para prestar servicios sociales de calidad a las personas y a las familias que más lo necesitan”.

De izquierda a derecha: César Antón, director general del Imserso; Pilar Cano, vicerrectora de Postgrado e Investigación de la UIMP; Íñigo de la Serna, alcalde de Santanter y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), e Isabel Urrutia, directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, (Icass). Fotografía de Juan Manuel Serrano, cedida por la UIMP.

Detrás de los servicios sociales “hay administraciones públicas y va a seguir habiendo administraciones públicas”, por lo que mientras sigan existiendo, “seguirá existiendo la prestación de los servicios sociales”. En este sentido, Antón ha destacado que la ley ordena quién hace cada cosa, quién presta los servicios, quién regula y quién financia o cofinancia.

Delegación de competencias

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha coincidido con Antón en que una de las ventajas que aporta esta normativa es que “evita las duplicidades” y ha recalcado que la ley establece qué es competencia de las entidades locales y qué no, y en este punto se marca que los servicios sociales quedan en manos de las autonomías. En este sentido, entre los instrumentos que ofrece la ley para mantener la prestación de servicios es la delegación de competencias a través de acuerdos marco de colaboración o cofinanciación establecidos entre el gobierno de una comunidad autónoma y una entidad local.

“No olvidemos que hay tres elementos básicos: la materia, que son los servicios sociales, el territorio y la responsabilidad de legislar y financiar”, ha señalado Antón, que ha concluido que “a veces la línea pasa por la colaboración y los acuerdos, y la ley ofrece los instrumentos para aclarar esta situación”.

La sostenibilidad, el objetivo

Tal y como indica el encabezado de la ley, el objetivo que persigue el Gobierno central con esta normativa es racionalizar y dotar de sostenibilidad a las administraciones locales. En este sentido, la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, (Icass), Isabel Urrutia, ha señalado que “nos podemos sentir orgullosos del esfuerzo que ha hecho posible nuestro Estado del Bienestar” que ha permitido construir “un sistema público de servicios sociales”, y ha remarcado que “la nueva norma no puede suponer una ruptura con este sistema, sino que tiene que incidir en su eficiencia” y ha marcado el reto de dotarlo de sostenibilidad sin renunciar a la atención de calidad.

Objetivo del curso

Hasta ahora, los roles en la prestación de los servicios sociales estaban repartidos entre las diferentes administraciones públicas territoriales que, con esta norma, se ven modificadas. Así, con este encuentro el Imserso, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, quiere profundizar en el debate desde todas las perspectivas, desde el punto de vista técnico y legal, pero aportando también la opinión de la administración, los profesionales, los ciudadanos y los prestadores de servicios.

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