El MIR, ¿para qué?

Vivimos tiempos convulsos en el sector sanitario. Y no solo por la pandemia. Durante muchos años hemos tenido un sistema de excelencia, con el MIR como instrumento estrella y garantía de continuidad del modelo. Pero los recortes, en primer lugar, y la falta de planificación, en segundo, han cambiado radicalmente la situación. Por si fuera poco, hace más de dos años llegó el Covid-19 para remachar el clavo.

Así las cosas, nos encontramos con un sistema carente de planificación e inmerso en una crisis de profesionales preconizada y advertida desde hace años por parte de los colegios y sindicatos médicos. De hecho, a pesar de que desde el año 2014 la legislación obliga a las diferentes administraciones a disponer de un registro de profesionales sanitarios, no hay ninguna administración, ni central ni autonómica, que disponga de datos fiables al respecto, por lo que se desconoce la necesidad real de médicos, más allá de los estudios prospectivos de universidades y centros de investigación.

Y nos plantamos en el momento actual, cuando la jubilación masiva de profesionales es una realidad que sabemos que se intensificará al menos durante los próximos diez años. Hay que tener en cuenta que cualquier medida que se aplique al respecto tendrá efecto precisamente dentro de diez años, el tiempo mínimo necesario para la formación pre y postgrado de nuevos facultativos. Por lo tanto, en el mejor de los escenarios (previendo que se tomen medidas inmediatas) viviremos una década de escasez de profesionales que, reiteramos, había sido anunciada por los representantes del colectivo. ¿Y ahora qué? ¿Qué se puede hacer para paliar la crisis de profesionales que afectará al funcionamiento del sistema?, se pregunta todo el mundo.

Pues las administraciones sanitarias se sienten autorizadas para tomar medidas “urgentes” que en otros tiempos habrían sido ampliamente discutidas. La pandemia también les ha servido de acicate o excusa para llevarlas a cabo. Hablamos, por ejemplo, de la contratación de médicos sin todos los requisitos formativos para ejercer en el sistema público de salud, en especial el título de formación sanitaria especializada. Se trata de un mecanismo “excepcional” que se aplicó durante las fases agudas de la pandemia mediante la contratación, en calidad de “auxilio sanitario”, de estudiantes de último año de Medicina o de graduados sin el MIR.

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"Las administraciones sanitarias se sienten autorizadas para tomar medidas 'urgentes' que en otros tiempos habrían sido ampliamente discutida"

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Visto que se llevó a cabo sin el menor obstáculo, abundan ahora este tipo de soluciones. Se contratan médicos sin la titulación de especialista homologada, especialmente extracomunitarios, para hacer frente al déficit de galenos. En algunos casos ni tan solo existe la posibilidad de tramitar una homologación exprés, dado que los profesionales no pueden acreditar la formación especializada de referencia.

A pesar de los evidentes riesgos de este tipo de medidas, las administraciones se atreven a aplicarlas porque, por lo pronto, consiguen colocar “batas blanca” en buena parte de las vacantes y eso tranquiliza momentáneamente a la población. Pero ¿qué
pasa con la calidad asistencial? No se puede garantizar porque, en muchos casos, la propia administración desconoce el tipo de formación (más allá del título de Medicina) que ha recibido el profesional en su país de origen para realizar funciones de médico especialista (hospitalario o de medicina familiar y comunitaria). Únicamente importa la ocupación de la plaza.

Por otro lado, existe otro problema asociado. En España se forman médicos excelentes y extraordinariamente capacitados que, cuando se incorporan al mercado laboral (básicamente al sistema público de salud) no gozan de unas condiciones laborales, retributivas y profesionales acordes a su nivel. No somos capaces de retenerlos, mientras contratamos médicos de países con menos recursos a los cuales esquilmamos sus propios recursos.

A todo esto ¿dónde queda el MIR? Por lo que parece en “tierra de nadie”. Teóricamente imprescindible para ejercer en el Sistema Nacional de Salud (SNS) pero con especialidades que cuentan con hasta un 25 por ciento de sus profesionales sin el título acreditado, como es el caso de la Medicina de Familia.

“Esta es la sanidad que nos podemos permitir”, rezan algunos. Eso es inaceptable. Es la sanidad que nuestros gobernantes, todos, incapaces de planificar y con la muy española costumbre de “el siguiente que lo arregle”, han ido deteriorando de manera muy consciente.

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"La formación MIR, a poco que se agrave la situación, no tendrá ningún sentido en un sistema público que ya no la exigirá como condición imprescindible"

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De este modo, la formación MIR, a poco que se agrave la situación, no tendrá ningún sentido en un sistema público que ya no la exigirá como condición imprescindible, únicamente será el trampolín necesario para dar el salto a otro país que ofrece mejores condiciones de trabajo. Pero nuestro sistema sanitario, ávido de “mano de obra”, cada vez será menos exigente. De hecho, ¿tiene algún sentido que la oferta anual de plazas MIR no se corresponda con la cantidad de graduados que salen cada años de la facultades?

La degradación del sistema puede ser definitiva si los profesionales y la ciudadanía no exigimos a los responsables políticos rigor y responsabilidad en la adopción de decisiones. La sanidad debe ser la prioridad para la Administración central y para todas las comunidades autónomas. Negando o escatimando recursos únicamente conseguiremos abundar en el camino de la precariedad de un sistema sanitario público que se aproxima inexorablemente al modelo de beneficencia de otros países que tanto hemos criticado.