No acaparan titulares en los medios de comunicación y casi nadie es consciente de las consecuencias que tienen en los profesionales sanitarios que les atienden y cuidan cuando se encuentran en un centro sanitario pero su incidencia es muy preocupante y lamentablemente aún no se han tomado las medidas necesarias para cambiar las cosas.
Me refiero a las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el desempeño diario de las enfermeras en un país, como España, en el que todavía existe una escasa implantación de las medidas de seguridad contempladas en la normativa europea y nacional.
Tenemos la norma, sí, una Orden, de 2013, que traspuso una Directiva europea, de 2010, pero la triste realidad es que las administraciones de las que dependen los diferentes servicios de salud, así como las empresas que gestionan centros sanitarios, han hecho prácticamente caso omiso de su contenido.
Da la impresión de que este tipo de incidentes se han asumido, incluso entre algunos profesionales, como irremediables “gajes del oficio” cuando está constatado que la combinación de una formación adecuada, prácticas más seguras en el trabajo y el uso de material sanitario que incorpore dispositivos de seguridad pasiva puede prevenir más del 80 por ciento de los mismos.
Otro factor que indudablemente juega a la contra es que se sigue pensando que gastar en prevención es tirar el dinero, cuando si realmente se echan cuentas se ve, por ejemplo, que la realización de pruebas tras un accidente laboral de este tipo van desde los 80 euros (si el accidentado tiene todas las vacunas al día) hasta los 1.100 euros, sólo en pruebas, si no está vacunado, por ejemplo, de hepatitis.
A estas cifras, elevadas teniendo en cuenta el coste de un instrumento seguro, habría que añadir el coste económico de la sustitución del personal (si necesita de baja médica) y el tratamiento al que debe ser sometido que le puede inhabilitar para el trabajo durante meses.
Ante la realidad existente, los enfermeros no podemos quedarnos de “brazos cruzados”. No debemos olvidar que enfermería es un colectivo especialmente afectado por este tipo de lesiones que conllevan una alta posibilidad de contagio de más de una veintena de virus potencialmente mortales, entre ellos los de la hepatitis –tanto B como C– o del VIH, entre otras enfermedades transmisibles.
Por ello, Satse, junto al Consejo General de Enfermería, puso en marcha el pasado mes de mayo un Observatorio de Bioseguridad con el objetivo de analizar y evaluar la situación existente en los centros sanitarios y, además de denunciar públicamente las deficiencias detectadas, proponer medidas de actuación a las correspondientes administraciones públicas y empleadores privados.
El trabajo de recopilación de datos, a cargo de la denominada red de enfermeras y enfermeros “centinela”, ya se ha realizado y, próximamente, se presentará un detallado y pormenorizado ‘Informe sobre el estado de situación e implantación de la bioseguridad en el Sistema Nacional de Salud’.
El objetivo final es que todo profesional sanitario esté bien formado y dotado de los recursos adecuados si se quiere reducir e intentar eliminar el riesgo de heridas o infecciones en el ejercicio profesional. Si tanto las administraciones y empleadores privados como los profesionales trabajamos conjuntamente en este ámbito conseguiremos un entorno de trabajo más seguro del que también saldrá muy beneficiado el paciente.